San José, 15 jun (EFE).- Un tribunal de Costa Rica mantuvo hoy
como medida cautelar la paralización de la construcción de una
polémica mina de oro a cielo abierto en la zona norte del país, al
resolver una apelación de la empresa minera Industrias Infinito,
cuya casa matriz es la canadiense Vanessa Ventures.
El Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del
Segundo Circuito Judicial de San José, indicó en su fallo que
mantiene la medida cautelar, dictada en 2008, de forma indefinida
hasta que se dicte sentencia por un proceso abierto.
Este proceso, que aún no tiene fecha de juicio, es sobre una
denuncia de organizaciones ecologistas por daño ambiental, a causa
de la tala de unas 190 hectáreas de árboles hecha por la empresa el
año pasado para construir la mina "Las Crucitas".
"Alabamos la decisión de los jueces y estamos muy satisfechos
porque se mantienen las medidas cautelares", declaró a Efe Heidy
Murillo, activista de la Federación Costarricense para la
Conservación del Ambiente (Fecon).
Murillo se mostró confiada en que las organizaciones
ambientalistas ganarán el juicio y reiteró que el proyecto minero
representa "un alto riesgo" para el medio ambiente.
Por su parte, Juan Carlos Obando, gerente corporativo de
Industrias Infinito, dijo a la prensa local que respeta la
resolución del tribunal pero que no la comparte, pues considera que
la empresa ha actuado en derecho.
El pasado 16 de abril la Sala Constitucional de la Corte Suprema
de Justicia rechazó una serie de recursos de amparo contra la mina,
al determinar que los estudios técnicos y ambientales estaban en
orden y avalaban la operación de la mina.
Sin embargo, la empresa no pudo reanudar los trabajos debido al
proceso penal que se tramita en el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo.
Los recursos de amparo declarados sin lugar por la Sala
Constitucional denunciaban contaminación de aguas, afectación del
hábitat del árbol almendro amarillo y la lapa verde, ave en peligro
de extinción, así como la carencia de algunos requerimientos
ambientales.
También cuestionaban la legalidad de un decreto firmado en 2008
por el entonces presidente Óscar Arias, que declaraba la mina como
de "conveniencia nacional".
La mina ha recibido todos los permisos del Gobierno para su
funcionamiento, y pretende extraer 700.000 onzas de oro (19,8
toneladas) en 10 años, valoradas en unos 800 millones de dólares.
El Gobierno de Nicaragua también se ha quejado oficialmente
porque la mina se ubicaría a unos tres kilómetros del fronterizo río
San Juan, lo que a su juicio representa un serio riesgo de
contaminación. EFE