Ginebra, 18 ago (EFE).- Un año después de que Suiza y EEUU
firmaran un acuerdo extrajudicial para que UBS entregase los datos
de las cuentas de 4.450 clientes estadounidenses, las autoridades
helvéticas ya han transmitido al fisco de Washington más de la mitad
de la información requerida.
Los datos de las cuentas en UBS de 2.500 clientes estadounidenses
sospechosos de evasión fiscal ya obran en manos de las autoridades
de EEUU, a falta de que en una semana venza el plazo previsto en el
acuerdo para que reciban el resto.
De las que faltan por llegar, los datos de 950 cuentas se
encuentran a punto para el envío, otras 700 siguen bajo examen, y
las 300 restantes se hallan en medio de un contencioso judicial en
el Tribunal Administrativo Federal de Suiza.
Esta Corte había declarado el pasado 8 de enero que la entrega a
las autoridades de EEUU de datos de cuentas bancarias era ilegal,
después de que el 19 de agosto del año pasado los gobiernos suizo y
estadounidense acordaran esta transferencia de información.
El Tribunal Administrativo Federal helvético estableció que el
acuerdo extrajudicial entre Washington y Berna no podía modificar el
tratado de doble imposición vigente entre ambos países, que
distingue entre evasión y fraude fiscal.
El dictamen redujo el alcance del acuerdo extrajudicial entre
EEUU y Suiza, cuyo gobierno se comprometió en ese momento a buscar
una solución con el fisco estadounidense, que en virtud de el pacto
suscrito había renunciado a acometer medidas unilaterales.
Las actuaciones que podía adoptar para obtener las informaciones
hubiesen supuesto una violación del secreto bancario suizo, y
podrían haber llegado incluso a retirar a UBS, el primer banco
suizo, su permiso de operaciones en territorio estadounidense.
EEUU había emprendido a finales de 2008 una persecución de sus
ciudadanos con cuentas escondidas para evadir impuestos, una
práctica de la que UBS fue cómplice, según confesaron a la Justicia
estadounidense sus propios gestores de fortunas.
Entonces, Washington reaccionó a estos testimonios con la
exigencia a UBS de que entregase los datos de 52.000 de sus clientes
en EEUU, lo que suponía desafiar al estricto secreto bancario
imperante en aquel momento en Suiza.
El gobierno suizo se implicó en el asunto al considerar que el
conflicto no sólo concernía al banco, sino que se trataba de una
disputa jurídica entre ambos países y que de su resolución dependía
en gran medida la estabilidad de la plaza financiera helvética.
Haber dejado que UBS se las arreglase solo con la Justicia de
EEUU habría supuesto un dictamen judicial que probablemente hubiera
obligado a la entidad a entregar mucha más información de la que
finalmente tendrá que desprenderse.
UBS se encontraba antes de la crisis en la lista de los diez
establecimientos bancarios más poderosos del planeta y era el primer
gestor de fortunas a nivel mundial, pero el cataclismo financiero
mundial le puso en una situación cercana a la suspensión de pagos.
El banco pudo escapar de este trance gracias a la ayuda pública
de su país, que también se veía obligado a defender a su primera
entidad dado que una apatía en el contencioso hubiera reforzado su
imagen de paraíso fiscal.
El último episodio de esta trama se vivió el pasado 17 de junio
en el Parlamento helvético, donde después de una serie de vaivenes
entre las dos cámaras del país se aprobó definitivamente el acuerdo
fiscal. EFE