Montevideo, 26 jul (EFE).- Uruguay ratificó hoy, con una ceremonia en la que participaron los más altos representantes del Gobierno, el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social que pretende garantizar la protección social y las pensiones de los inmigrantes en cualquier país de Iberoamérica.
El presidente uruguayo José Mujica, varios de sus ministros, así como el secretario general iberoamericano Enrique Iglesias, y el secretario general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), Adolfo Jiménez, participaron en un acto cuyo fin último es "atender a los problemas reales de las personas".
Según explicó Jiménez, la llegada de Uruguay a un convenio que ya se aplica entre Bolivia, Brasil, España y Ecuador y que pretende incluir a otros once estados iberoamericanos, es un paso "decisivo" que da cumplimiento "a los compromisos para proteger a la población emigrante".
"Con esta iniciativa se protege la igualdad de trato y la totalización de períodos de cotización (...).Favorecemos la incorporación a la legalidad laboral, y abre la posibilidad del retorno de los emigrantes sin pérdida de derechos", acotó Jiménez.
Para el responsable de la OISS, esta iniciativa es "una respuesta" a "un mundo globalizado que atenta contra los sistemas de seguridad social".
"Abrimos una página en la historia universal de la seguridad social, y eso nos enorgullece" añadió.
Por su parte, Enrique Iglesias consideró que este es "el primer gran instrumento común de la comunidad iberoamericana de naciones" y representa además la demostración de que las cumbres y reuniones internacionales "sirven para lograr cosas".
El ministro uruguayo de Trabajo, Eduardo Brenta, también se refirió al convenio desde el punto de vista de su país y resaltó que forma parte de la política de Uruguay de defender "el trabajo decente" y un avance en la construcción de un mundo "con más derechos para los que construyen la riqueza día a día.
El primer Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social fue aprobado en la XVII Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Santiago de Chile en noviembre de 2007.
Comenzó a aplicarse el pasado 1 de mayo en España, Brasil y Bolivia, los primeros países en ratificarlo de los catorce que lo han suscrito.
De él podrán beneficiarse directamente más de seis millones de inmigrantes latinoamericanos, aunque su espacio de protección se extiende a toda la población de los 22 países iberoamericanos, unos 600 millones de personas.
Permite que los emigrantes de la región iberoamericana puedan, por ejemplo, sumar en el momento de su jubilación las cotizaciones efectuadas a lo largo de su vida laboral aunque ésta haya transcurrido en diferentes países. EFE