Montevideo, 24 may (EFE).- El Gobierno uruguayo anunció hoy que
se propone plantear una ley para facilitar el levantamiento del
secreto bancario cuando haya sospecha de hechos delictivos, así como
gravar los depósitos en el extranjero de residentes en el país.
El ministro de Economía, Fernando Lorenzo, explicó a la salida de
la reunión del Consejo de Ministros que a lo largo de esta semana
este plan será enviado al Parlamento con el objetivo de poner a
Uruguay a resguardo de sanciones internacionales por su defensa del
secreto bancario.
"Estamos ajustándonos a prácticas recientes que permiten despejar
toda duda respecto a la calidad de nuestra administración tributaria
y la cooperación internacional. Se termina todo tema referido a
listas en los que el país pudo haber sido incluido", dijo Lorenzo.
Según dijo, esta ley permitirá a la Dirección General Impositiva
(DGI) pedir a la Justicia el levantamiento del secreto bancario para
un contribuyente en particular, siempre que "tenga denuncia fundada"
de comportamiento ilícito, dijo Lorenzo.
En la actualidad, sólo los jueces pueden pedir en los tribunales
el levantamiento del secreto bancario.
"Se introducen cambios procedimentales (...) y en los criterios
que refieren al levantamiento del secreto bancario. Estamos
extendiendo los argumentos y los fundamentos que pueden dar lugar al
levantamiento del secreto bancario a instancias en los cuales la
autoridad tributaria del país tenga denuncia fundada y que pueda
solicitar de manera expresa el levantamiento", explicó el ministro.
Asimismo, Lorenzo señaló que la norma también buscará gravar
rentas activas que los uruguayos que residan en el país tengan en el
exterior.
"Los activos que están involucrados son préstamos realizados por
residentes a no residentes, a depósitos y colocaciones en el
exterior en entidades no residentes o participaciones en el
patrimonio de entidades no residentes", apuntó el funcionario.
Según dijo, este tipo de activos podrían tener un valor de 9.000
millones de dólares, que ahora tendrán que ser incluidos en la
declaración de la renta de sus propietarios.
La persistencia del secreto bancario ha sido una de las políticas
más cuestionadas en Uruguay durante el pasado año, después de que la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
colocara en marzo de 2009 al país en la lista negra de países que
incumplen con los estándares de intercambio de información en
materia fiscal.
Esta situación llevó al gobierno presidido entonces por Tabaré
Vázquez a comprometerse a seguir las normas de transparencia fiscal
de la OCDE para salir de la lista.
El pasado mes de noviembre, durante la campaña electoral que
llevó a la presidencia del país a José Mujica, el oficialista e
izquierdista Frente Amplio se comprometió a no modificar las normas
que garantizan el secreto bancario si ganaba las elecciones ante
representantes de la Asociación de Bancos y de la Bolsa de Valores
del país.
Sin embargo, también durante la campaña electoral, el hoy
presidente Mujica señaló que si de él dependiera, el secreto
bancario en el país llegaría a su fin.
"El secreto bancario es una joda que hay que bancarse (aguantar)
para que haya plata en caja", dijo entonces el ex guerrillero
tupamaro, lo que le costó una lluvia de críticas desde todos los
sectores políticos, incluido su propio partido. EFE