México, 13 nov (EFE).- El Gobierno mexicano advirtió a los ex
trabajadores de la extinta empresa estatal Luz y Fuerza del Centro
(LyFC) que hoy vence el plazo para que puedan solicitar su
liquidación acompañada de una compensación adicional ofrecida por el
Ejecutivo.
Los antiguos empleados que no lo hagan "van a cobrar menos, más
tarde, y no tendrán acceso a las opciones productivas que estamos
ofreciendo", afirmó hoy en declaraciones a Radio Fórmula el
secretario (ministro) de Trabajo de México, Javier Lozano.
El Gobierno calcula que el proceso de indemnización de los 44.500
trabajadores de la extinta LyFC costará unos 20.000 millones de
pesos (alrededor de 1,6 millones de dólares), incluyendo unos apoyos
adicionales que se entregará hasta hoy para los que se acojan a la
liquidación.
Según las autoridades, aquellos que acepten el plan de despido
podrán gozar de hasta 33 meses de sueldo en promedio, además de la
posibilidad de acceder a programas de capacitación y recontratación.
El Gobierno decretó el pasado 11 de octubre la extinción de LyFC
por "ineficiente e inviable". La compañía operaba en el centro del
país, incluida la capital, en un área que abarcaba a 25 millones de
personas.
El miércoles pasado, miles de miembros del Sindicato Mexicano de
Electricistas (SME), con el apoyo de varias centrales obreras,
bloquearon varios puntos estratégicos de Ciudad de México y
generaron un caos vial en distintas zonas de la urbe.
Lozano indicó que hay dos corrientes dentro del SME, una de ellas
"empeñada en dar marcha atrás" a la decisión del Gobierno de
liquidar LyFC, y que lidera Martín Esparza, el secretario general
del sindicato, quien no es reconocido por las autoridades del país.
Por otro lado está un grupo encabezado por quien fuera
contendiente de Esparza a la secretaría general del sindicato,
Alejandro Muñoz, secretario tesorero del SME.
El ministro sostuvo que Muñoz ha negociado con el Gobierno y
logró, por ejemplo, "que todos los ex trabajadores de LyFC tengan
acceso a servicios médicos en el Instituto Mexicano del Seguro
Social hasta por un año", cuando la regla general es de sólo dos
meses para un empleado despedido.
Además, se constituyeron tres cooperativas para emplear a 1.500
ex trabajadores que "van a ser proveedores y contratistas de bienes
y servicios" para la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la
empresa estatal que asumió las operaciones de LyFC.
"Se tiene que distinguir muy bien el tipo de liderazgo que se
quiere, el que pretende ayudar a los trabajadores a partir de un
hecho consumado, o aquellos que quieren insistir por todas las vías,
jurídicas, políticas, el chantaje o la paralización de una ciudad
para que se revierta una decisión" tomada, dijo Lozano.
De acuerdo con las cifras del Gobierno, casi un 60% de los
empleados ha cobrado ya su liquidación, por lo que faltan por
hacerlo unos 17.800.
El Gobierno "les está facilitando la conformación de empresas,
capacitación con un ingreso económico y contratación en la CFE" para
que tengan una "rápida reinserción en el mercado laboral", subrayó
el funcionario.
El SME ha dicho a sus afiliados que eviten recibir la liquidación
ofrecida por el Gobierno, y asegura que cuenta con recursos propios
suficientes para pagar indemnizaciones a los sindicalistas. EFE