Madrid, 27 nov (.).- En Comú Podem ha insistido hoy en conocer si el Gobierno realizará acciones legales contra los cárteles de empresas que han sido sancionadas por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) y que han supuesto un coste al erario con el fin de recuperar el dinero perdido.
El grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha vuelto a registrar varias preguntas por escrito relacionadas con las acciones acometidas por la CNMC en 2016 y 2017 contra cárteles empresariales que han impactado en la administración pública y exige conocer si el Ejecutivo solicitará judicialmente recuperar los sobrecostes abonados como consecuencia de esta prácticas sancionadas.
En Comú Podem recuerda que en noviembre de 2017 la CNMC multó con 44 millones de euros a cinco cárteles de cables eléctricos integrados por once empresas que amañaron precios.
Las empresas fabricaban y distribuían cables eléctricos de baja y media tensión para la construcción de hospitales, uso doméstico, edificación de viviendas, obras de empresas energéticas, telefonía, ferroviarias, navales y grandes proyectos internacionales.
La formación morada señala que hubo numerosas obras en las que participó la administración pública como el Aeropuerto de Barajas, el AVE Madrid-Barcelona, el Puerto de Barcelona o la Base Naval de Rota, por lo que pregunta al Gobierno si impulsará investigaciones para conocer el número de licitaciones que podrían haberse visto afectadas.
También si ha hecho un cálculo de los sobrecostes abonados por el Estado derivados de estas prácticas y si se plantea dejar de adquirir bienes y servicios de todas aquellas empresas implicadas en los expedientes de sanción incoados por la CNMC.
Asimismo, En Comú Podem recuerda que en 2016 la CNMC también multó con 129 millones de euros a ocho fabricantes de pañales de adultos por fijar precios entre 1996 y 2014.
En esta ocasión el organismo regulador impuso una de las mayores multas y sancionó a cuatro directivos de empresas y de la Federación Española de Fabricantes (FENIN) por participar de estas conductas contrarias a la competencia.
La CNMC consideró que llegaron a acuerdos y fijaron los precios de venta de los absorbentes financiados por la Seguridad Social que se compran en las farmacias para los pacientes no hospitalizados y que aplicaron sobreprecios de hasta el 40 % a lo largo de toda la cadena.
En Comú también pregunta al Ejecutivo si es consciente de las potenciales responsabilidades civiles y penales por adoptar la decisión de dejar prescribir las acciones para reclamar los daños y perjuicios sufridos por parte de la administración.
Según esta formación, la CNMC expuso directamente que el entonces Insalud y sus homólogos autonómicos compraron estos productos con sobreprecio y que alguna comunidad autónoma cuantificó el impacto en más de 150 millones de euros.