Por Jesús Aguado y Chiara Elisei
MADRID/LONDRES, 11 jul (Reuters) - Accionistas y acreedores del mayor grupo industrial privado de España, Celsa, se han enfrentado por la valoración de la empresa en el marco de una larga disputa por la reestructuración de la deuda, dijeron el martes representantes legales de ambos bandos.
La valoración de Celsa es clave en la disputa, ya que una valoración baja podría dejar sin valor las acciones.
El plan de reestructuración de Celsa es la primera gran prueba de la nueva ley de insolvencia española, que permite a los deudores hacer uso anticipado de los mecanismos de preinsolvencia y beneficiarse de la protección judicial.
Si el plan sale adelante, podría allanar el camino para que otras empresas con problemas utilicen el nuevo proceso, ayudando a reducir las tasas de quiebra que se dispararon con la pandemia del COVID-19.
Los acreedores de Celsa, entre ellos SVP, Attestor, Anchorage, GoldenTree y Deutsche Bank (ETR:DBKGn), y los propietarios de la familia Rubiralta han sido incapaces de ponerse de acuerdo sobre cómo reestructurar unos 3.000 millones de euros (3.300 millones de dólares) de deuda, dijo el abogado de los accionistas de Celsa, Jaime Cano, socio del despacho Cortés Abogados, en una vista judicial en Barcelona.
Culpó a los acreedores de la paralización.
"No les interesaba, ni les interesa, un acuerdo que ponga fin a la situación. Necesitan mantener la deuda en 'default' para poder utilizar el impago como justificación de la insolvencia", dijo Cano.
Los acreedores de Celsa han propuesto recortar la deuda en unos 1.290 millones de euros y tomar el control de la firma.
Rodrigo López González, abogado del despacho Gómez-Acebo & Pombo y representante de los acreedores, dijo que no había alternativa a la reestructuración propuesta por los acreedores.
Aunque los accionistas de Celsa están abiertos a que los acreedores tomen parte del capital de Celsa, siempre que los propietarios familiares mantengan el control, la composición de esa división sigue siendo un escollo.
El juez Álvaro Lobato dijo el martes que no se espera una sentencia definitiva hasta principios de septiembre.
En el centro de la disputa está la valoración de Celsa.
Accionistas asesorados por las firmas de inversión Lazard (NYSE:LAZ) y AZ Capital cifran el valor entre 5.800 y 6.700 millones de euros, mientras que la consultora Lexaudit, designada por el tribunal, lo sitúa entre 2.400 y 2.800 millones de euros, lo que significa que el capital podría valer cero.
La diferencia de valoración es el resultado de una metodología diferente utilizada por Lazard y AZ Capital, que tiene en cuenta los resultados de Celsa en 2021 y 2022 y un plan de negocio a ocho años, dijo el abogado de los accionistas de Celsa, Cano.
Una valoración separada de la consultora BDO de unos 4.200 millones de euros también estaría por encima de la deuda de la firma, añadió.
El abogado de los acreedores, López González, dijo que la valoración de Celsa era "inverosímil e inasumible".
"La apariencia de una alternativa de viabilidad al grupo Celsa y de valor para sus distintos 'stakeholders' y principalmente para los socios que en realidad es puro humo, una quimera que no existe", añadió López González.
La crisis del COVID-19 en 2020 afectó al negocio de Celsa por los confinamientos y la dificultad para obtener materias primas, lo que provocó unas pérdidas de 364 millones de euros. En 2022, la firma registró un EBITDA de 867 millones de euros.
(1 dólar estadounidense = 0,9087 euros)
(Información de Jesús Aguado y Chiara Elisei; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)