Madrid, 22 mar (.).- Las entidades financieras recibieron hasta finales de febrero 3.231 peticiones de moratoria o aplazamiento de los pagos de los créditos de los afectados por la erupción del volcán de Cumbre Vieja, en La Palma, de las cuales se concedieron 2.267 y 926 estaban en trámite.
También se rechazaron 38 solicitudes, dos más que hasta finales de enero, según ha informado este martes el Banco de España, que aclara que todas estas cifras son acumulativas desde que comenzó la erupción, el pasado 19 de septiembre, hasta el 28 de febrero.
El 30 % de las solicitudes de moratoria recibidas se referían a préstamos con garantía hipotecaria.
Por importes, el saldo vivo pendiente de amortización de los préstamos suspendidos ascendió a 89,5 millones de euros, de los cuales el 65 % correspondían a operaciones hipotecarias.
De media, el saldo vivo pendiente de amortización de esos créditos era de 100.500 euros, en el caso de los concedidos con garantía hipotecaria y de 18.400 euros en el caso de los préstamos sin garantía hipotecaria.
En cuanto a los 3.301 beneficiarios de estos aplazamientos temporales, 2.789 eran deudores y 512 avalistas.
Sin apenas variación respecto al mes anterior, un 64 % de los deudores beneficiarios eran asalariados, mientras que, de los avalistas beneficiarios, ese porcentaje se situaba en el 53 %.
Respecto a la actividad empresarial (autónomos y empresas), el mayor peso de los principales beneficiarios correspondía, igual que en meses anteriores, a los sectores de comercio, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca y hostelería.
Conjuntamente, estas ramas representan cerca del 60 % del total de las moratorias concedidas.
Solo en el mes de febrero el número de solicitudes presentadas por los deudores aumentó en 99 (+3 %), en tanto que se concedieron 115 moratorias más (+5 %) y el importe en euros del saldo vivo de los préstamos cuyo pago se suspende creció en 4,4 millones de euros (5 %) respecto al dato acumulado a fin del mes anterior.
Estos crecimientos son "moderados", alejados ya de las tasas correspondientes a los dos primeros meses de despliegue de las medidas en los que los deudores presentaron la mayor parte de las solicitudes recibidas hasta el momento, en torno al 83 %, recuerda la nota.