Madrid, 11 abr (.).- Unas 4.000 personas trabajadoras asalariadas del sector primario, según fuentes de los convocantes, se ha concentrado este jueves frente a la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) para reclamar que se les tenga en cuenta en el diálogo del Gobierno con el sector.
La concentración ha sido convocada por los sindicatos CCOO de Industria y UGT-FICA, y a ella han acudido los delegados de ambas organizaciones sindicatos y trabajadores en representación de las más de 700.000 personas asalariadas del sector agrario.
En el acto se espera la participación también de los secretarios generales de UGT y UGT-FICA, Pepe Álvarez y Mariano Hoya, respectivamente, y los de CCOO y CCOO de Industria, Unai Sordo y Garbiñe Espejo.
Fuentes sindicales han calculado que la concentración ha sido secundada por unas 4.000 personas, y que han llegado en 46 autobuses desde diferentes provincias españolas.
Tanto CCOO de Industria como UGT-FICA defienden que estos trabajadores, en muchos casos, no cobran el salario mínimo y no tienen tierras, ni granjas, ni tractores, pero "son quienes sostienen un sector estratégico" para España como el agrario.
Por ello, exigen al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que se les tenga en cuenta en la negociación que está llevando a cabo con las organizaciones agrarias e incluya medidas dirigidas a proteger y beneficiar también a las personas trabajadoras por cuenta ajena del campo.
En este sentido, instan al MAPA a que retome el diálogo social "tripartito" y propicie un foro de debate en el que se puedan abordar las problemáticas de estos empleados.
Entre los principales reclamos de los sindicatos se encuentra que el Gobierno impulse un convenio estatal del campo y renueve los provinciales y autonómicos que han vencido, y que se garantice el cobro del salario mínimo interprofesional en el sector agrario.
También reclaman que se extiendan las prestaciones asistenciales a todas las personas trabajadoras del sector y que se prorrogue la reducción de las jornadas trabajadas para acceder al subsidio y a la renta agraria en Andalucía y Extremadura.
Además, exigen el refuerzo de la Inspección de Trabajo y de los Servicios Públicos de Empleo; mejoras en salud laboral; unas condiciones laborales dignas para las personas migrantes; la participación sindical en el cumplimiento de la condicionalidad social de la Política Agraria Común (PAC) y actualizar el Plan de Formación Agrario para modernizar el sector y facilitar el relevo generacional.
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