Bruselas, 4 dic (.).- El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea (UE) alertó este lunes de que la competencia en los contratos públicos adjudicados por las autoridades nacionales, regionales y locales de los Estados miembros ha disminuido en la última década, mientras que la contratación con una única oferta se ha duplicado.
"La contratación pública es crucial para el mercado único de la UE, ya que impulsa el crecimiento económico, crea empleo y ayuda a los organismos públicos a obtener las mejores ofertas de manera abierta y competitiva", manifiestan los auditores del Tribunal de Cuentas en su nuevo informe.
Sin embargo, remarcan que, entre 2011 y 2021, el número de empresas que competían por una licitación pública para prestar obras, bienes y servicios en la UE se redujo casi a la mitad, pasando de una media de seis licitadores por procedimiento en 2011a tres en 2021, por la "excesiva burocracia", criterios demasiado restrictivos y la concentración del mercado.
Al mismo tiempo, la proporción de procedimientos de contratación pública con una sola oferta en el mercado -que es el mayor indicador sobre la competitividad en este área- aumentó "significativamente" en los Estados miembros, pasando de una media del 23,5 % en 2011 al 41,8 % en 2021.
Ese año, Eslovenia registró la mayor proporción de licitación única, con un 73 %, seguido de Chipre (60 %) y Polonia (53 %). En España, por su parte, se incrementó hasta el 35,4 %.
Los auditores también advierten de que, con frecuencia, las autoridades de los países del club comunitario piden directamente a una o más empresas que presenten una oferta sin haber realizado una convocatoria abierta de licitación.
Según explican, estas adjudicaciones directas se permiten en circunstancias muy específicas porque "reprimen la competencia y deberían ser excepcionales", pero ahora son más frecuentes en casi todos los Estados miembros y representaron alrededor del 16 % de los procedimientos de contratación en 2021.
Estas contrataciones directas se situaron en España en el 18,2 %, ligeramente por encima de la media comunitaria.
Según el informe, los Estados miembros gastan 2 billones de euros al año en la contratación pública, lo que supone aproximadamente el 14 % del producto interior bruto (PIB) de la UE, por lo que el Tribunal considera "crucial" hacer que las licitacionessean más atractivas para obtener el mayor rendimiento posible al dinero público invertido.
Así, insta a la Comisión Europea a aclarar los objetivos de la contratación pública y a presentar medidas para superar los principales obstáculos a la competencia, ya que consideran que ésta es un requisito "indispensable" para la rentabilidad.
Según constatan, tanto Bruselas como los Estados miembros prestan más atención al cumplimiento de las normas para evitar problemas legales que al rendimiento de las empresas a las que adjudican las licencias públicas.
Reforma de la contratación pública
En 2014, la UE reformó su directiva de contratación pública con el objetivo de flexibilizar la contratación mediante procedimientos simplificados, favorecer el acceso de las pymes, y facilitar un uso más estratégico para lograr mejores resultados.
Sin embargo, el informe señala que esta reforma no sólo no ha resultado eficaz para reducir la burocracia, sino que además, en la última década, la duración de los procedimientos ha aumentado en un 50 %, y tanto las compañías como las autoridades consideran estos procesos "engorrosos" frente a los del sector privado, que son más flexibles.
Tampoco ha aumentado la proporción de los contratos adjudicados a pymes, sino que las empresas que presentaban las ofertas más económicas son las que consiguieron la mayoría de los contratos, lo que, según los auditores, significa que los aspectos más estratégicos (medioambientales, sociales e innovadores) "raramente se tienen en cuenta".
La reforma también buscaba reforzar los requisitos de transparencia como "salvaguarda clave" contra el riesgo de fraude y de corrupción y, sin embargo, los auditores consideran que sigue este siendo un punto "problemático".