Madrid, 29 ene (.).- La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha dicho esta noche del domingo que hay ministerios, tanto de Podemos como del PSOE, que han pedido datos sobre las viviendas de la Sareb y que no se los han dado.
En una entrevista en La Sexta, Belarra ha señalado sobre este asunto que uno de los aspectos más difíciles en la negociación de la Ley de Vivienda ha sido conseguir que las viviendas de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) estén en la bolsa de vivienda pública.
En este sentido, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha añadido que no se puede creer que haya ministerios que han pedido los datos "para saber cuántas viviendas tiene, dónde están y cómo son" y no se los hayan dado.
En la entrevista, Belarra ha reconocido en relación a esta ley que "no es perfecta", al tiempo que ha apuntado que, por tanto, no iba a ser ella quien dijera que "es simplemente la panacea", pero sí que ha incidido en que es "necesaria".
"Incluye la regulación de precios del alquiler, prohíbe la venta de vivienda pública y protege como nunca antes contra los desahucios a las familias vulnerables", ha puesto de relieve al respecto.
Por ello, ha insistido en que lo importante es conseguir que salga adelante ya que "es mejor que haya ley", y ha añadido que "todo el mundo tendrá que ceder", ya que "la ley no es perfecta para nadie, pero hay voluntad de acuerdo".
Un año después de que el Gobierno enviara al Congreso el proyecto de ley de vivienda para su tramitación urgente, la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana nombró el pasado martes a la ponencia encargada de redactar el informe con las enmiendas que se incorporan de los grupos parlamentarios.
La constitución de la ponencia supone un avance significativo en uno de los procesos de negociación más complejos que ha afrontado el Ejecutivo de coalición esta legislatura para cumplir su compromiso de regular los precios del alquiler.
Un compromiso pactado por el PSOE y Podemos en su programa de gobierno ("poner techo a las subidas abusivas"), que concita el rechazo prácticamente unánime del sector inmobiliario y que ha provocado fuertes tensiones entre los dos partidos durante los últimos tres años por la diferente visión que tienen en política de vivienda.