Minería en Perú vive su mayor expansión, pero siguen conflictos sociales

Lima, 14 jul (EFE).- La minería en Perú pasa por un momento de mayor expansión, con casi 20 millones de hectáreas en concesiones, a pesar de que se mantiene vigente la amenaza de nuevos conflictos sociales, alertaron hoy varias organizaciones civiles.

En la presentación del Sexto Informe Observatorio de Conflictos Mineros en Perú, el representante del área de Minería y Responsabilidad Social de la ONG CooperAcción, José de Echave, aseguró que la sureña Arequipa es la región con mayores concesiones mineras del país.

"El 37,3% de Arequipa está concesionada", remarcó para luego especificar que la provincia de Islay, donde en abril pasado se produjo un conflicto por la oposición de los pobladores al proyecto minero Tía María, tiene el 61,1% de su territorio en concesiones.

El Observatorio de Conflictos Mineros enfoca su trabajo en cinco regiones peruanas: Junín, Piura, Apurímac, Cajamarca y Cuzco, donde "se siguen evidenciando fuertes tensiones" entre las mineras y los pobladores, según las organizaciones civiles.

De Echave también alertó que el Gobierno otorga cada vez más concesiones en zonas de fronteras, a pesar de que la Constitución peruana prohíbe estas operaciones.

Añadió que el Ejecutivo emite decretos supremos calificando de necesidad nacional las concesiones en esos lugares y ha entregado el 72% del total de los permisos en los últimos cinco años.

Indicó que muchas de esas concesiones se dan en la frontera norteña con Ecuador, sobre todo en la región Amazonas "e incluso en parque nacionales como el de la Cordillera del Cóndor".

El experto recordó que la Defensoría del Pueblo alerta permanentemente que la minería "es la principal fuente de conflictos en el país".

"Desde nuestra perspectiva algo no está bien, el marco legal es muy favorable para los inversores", indicó para luego decir que Perú está inmerso "en una lógica, un dominio de un modelo plenamente extractivo".

De Echave aclaró que las organizaciones civiles consideran que la minería "es una actividad que puede ser importante, pero tal como se está realizando (hoy) genera todos estos problemas".

"Si no encontramos mecanismos alternativos en los próximos años van a seguir estallando conflictos", remarcó.

En Perú existen actualmente 250 conflictos sociales, de los cuales 126 son conflictos por temas socio ambientales, según cifras de la Defensoría del Pueblo.

La causa principal de estos conflictos es la falta de consulta previa y la negativa de las comunidades ubicadas en las zonas aledañas a las actividades extractivas por las consecuencias que estas traen para el medio ambiente y la agricultura.

El Observatorio de Conflictos, que ha sido elaborado por las ONG Grufides, Cooperacción y Fedepaz, remarcó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibe "de manera creciente denuncias" por violaciones de derechos humanos vinculados a conflictos en zonas de influencia de industrias extractivas.

"El clima se sigue enrareciendo y las respuestas, desde el Estado y las empresas, parecieran que buscan generar más tensión. Los conflictos vinculados a industrias extractivas no solamente no han disminuido, sino que siguen aumentando en número y también en intensidad", remarcó.

Además de denunciar que se han presentado casos de dirigentes locales asesinados, agredidos y hostigados, el Informe consideró que el Ejecutivo ha dado "un peligroso retroceso" al presentar observaciones a la Ley de Consultas a los Pueblos Indígenas que fue aprobada en mayo pasado por el Congreso.

Las organizaciones señalaron que en ese contexto "no es difícil prever que se seguirán presentando escenarios complejos y que será necesario seguir realizando esfuerzos" para afrontar los conflictos.

"Por ello se debe insistir en retomar los principales puntos pendientes de la agenda de derechos vinculada a la presencia de las industrias extractivas", recomendaron. EFE