Bruselas, 20 abr (.).- La Comisión Europea (CE) presentará próximamente reglas sobre las condiciones que deben cumplir las inversiones para ser consideradas sostenibles en la Unión Europea (UE) que, según el borrador consultado por Efe, dejan para más adelante la clasificación de la controvertida energía nuclear y del gas, una fuente fósil considerada de transición.
"Para cumplir los objetivos climáticos y energéticos de la UE para 2030 y alcanzar los objetivos del Pacto Verde Europeo, las inversiones directas deben reorientarse hacia proyectos y actividades sostenibles", sostiene la Comisión para introducir su reglamento sobre taxonomía, que aborda "la falta de claridad sobre qué actividades económicas pueden considerarse ambientalmente sostenibles".
Esa normativa, en cuyo embrión participaron expertos de la banca, organizaciones medioambientales y académicos, consiste en una serie de "criterios técnicos de selección para determinar qué actividades económicas pueden contribuir sustancialmente a la mitigación del cambio climático o la adaptación al cambio climático".
Y subraya que éstas no deberán causar un "daño significativo" en otros objetivos medioambientales.
La clasificación fija, en más de 500 páginas, los criterios que deberán cumplir para considerarse sostenibles actividades del sector forestal, manufacturero, energético, de transportes o de la construcción, entre otros.
La llamada "taxonomía", la primera legislación de este tipo en la UE, busca evitar que sean etiquetadas como "verdes" o sostenibles actividades que no lo son y, al mismo tiempo, facilitar que los inversores apuesten por ellas allanando así el camino para movilizar la ingente financiación necesaria para cumplir los objetivos climáticos europeos.
La Comisión señala que los beneficios potenciales del uso de la taxonomía de la UE dependerán "principalmente de su aceptación voluntaria por parte de los operadores económicos".
La crisis de la covid-19 ha acelerado la voluntad política de invertir en la transición energética y medioambiental, de forma que el 37 % del fondo de recuperación europeo para la crisis del coronavirus tiene que destinarse a la transición climática, lo que supone 296.000 millones de euros (del total de 800.000, en precios corrientes).
Además, la CE prevé emitir el 30 % de la deuda para financiar el fondo en bonos verdes, es decir, hasta unos 250.000 millones de euros.
GAS NATURAL Y ENERGÍA NUCLEAR
Uno de los aspectos más sensibles en la creación de una herramienta que aporte claridad a los inversores que busquen inyectar capital en proyectos verdes es el gas natural, combustible fósil que la UE importa principalmente de Rusia (44,7 %), Noruega (21,3 %), Argelia (12 %), Qatar (6 %) y Nigeria (5 %), según datos de 2019.
"La fase preparatoria que condujo a la adopción del acto delegado ha puesto de relieve diferentes opiniones expresadas por los eurodiputados, los Estados miembros y las partes interesadas en cuanto a la potencial inclusión en el acto delegado de taxonomía del gas natural y tecnologías relacionadas, en particular como actividad de transición que facilite el cambio del carbón y el petróleo a las energías renovables", recoge el documento.
La Comisión Europea, que se define como tecnológicamente neutral, tampoco fija aún el criterio sobre la energía nuclear.
Con vistas a zanjar ese debate, Bruselas encargó al Centro Común de Investigación (JRC) de la UE un informe sobre si la energía nuclear debe de entrar a formar parte de la taxonomía verde, cuyo veredicto técnico se esperaba a inicios de 2021.
Pero Bruselas subraya que "se está produciendo un interés público y un debate de nivel similar (al del gas) en torno a la cuestión de la inclusión de la tecnología nuclear en los actos delegados de taxonomía", por lo que la CE indica que tiene "la intención de presentar una propuesta legislativa separada en el cuarto trimestre de 2021".
Finlandia, Francia y Eslovaquia están construyendo nuevos reactores mientras que Bulgaria, República Checa y Rumanía tienen planificadas futuras infraestructuras atómicas y Eslovenia, Polonia y Lituania no descartan avanzar por la misma senda.
La semana pasada, 70 organizaciones civiles y medioambientales pidieron a la Comisión que aplazase también los criterios para el sector forestal y la biomasa por considerar que éstos se habían debilitado con respecto a las versiones iniciales de la legislación.
"El trabajo de la UE en finanzas sostenibles se está poniendo en riesgo por intereses corporativos y nacionales", dijo el economista de WWF en Europa, Sebastien Godinot.
Bruselas preveía presentar la regulación mañana, pero la fecha podría cambiar puesto que se sigue trabajando sobre ella.
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