Bruselas, 16 feb (.).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró este miércoles que la institución analizará "detenidamente" las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que avalan el mecanismo que condiciona el pago de fondos europeos al respeto del Estado de derecho antes de decidir si lo utiliza contra Polonia y Hungría.
En una declaración escrita difundida después de conocer el fallo del tribunal de Luxemburgo, la alemana celebró que el veredicto haya certificado la legalidad del reglamento de condicionalidad, una "importante herramienta" que permite "proteger mejor" el presupuesto comunitario y los intereses financieros de la Unión Europea.
"La Comisión analizará detenidamente el argumento de las sentencias y su posible impacto sobre los próximos pasos que daremos en el marco del reglamento", explicó la jefa del Ejecutivo comunitario.
Además, Von der Leyen señaló que Bruselas adoptará "en las próximas semanas" unas directrices que darán "más claridad" al procedimiento de suspensión de fondos en virtud del mecanismo.
"Prometo que no se perderá ningún caso y he mantenido esa promesa", declaró Von der Leyen, quien en principio iba a compartir su primer análisis de la sentencia en un debate previsto este miércoles por la tarde en el Pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia), pero finalmente no acudirá y será sustituida por su comisario de Presupuesto, Johannes Hahn.
En cualquier caso, la presidenta de la Comisión Europea prometió que actuará "con determinación" una vez que las autoridades comunitarias consideren que se cumplen los requisitos establecidos en el reglamento para iniciar el procedimiento de suspensión de fondos.
La jefa del Ejecutivo comunitario reaccionó así después de que la Justicia europea rechazase este miércoles los recursos que habían planteado los gobiernos de Polonia y Hungría contra el mecanismo que permite suspender el desembolso de ayudas europeas por vulneraciones del Estado de derecho que afecten a los intereses financieros del bloque.
Budapest y Varsovia llevaron la normativa ante el tribunal con sede en Luxemburgo por entender que estaba dirigido específicamente contra ellos, carecer de base jurídica adecuada e interferir en competencias de los Estados miembros.
Los jueces europeos concluyeron, en cambio, que el reglamento dispone de una base jurídica adecuada y es conforme con los límites de las competencias y el principio de seguridad jurídica recogidos en el Tratado de Funcionamiento de la UE.
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