Estrasburgo (Francia), 8 jun (.).- El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, señaló este martes que el lanzamiento del certificado digital de coronavirus ha abierto "un debate" sobre los precios de los test PCR en los países de la Unión Europea, ya que su coste sigue suponiendo una discriminación financiera a la hora de viajar para las personas que aun no han accedido a la vacunación.
"Nuestras discusiones (sobre el certificado) han comenzado un importante debate en muchos estados miembros sobre el precio de las pruebas y estoy seguro de que veremos nuevas evoluciones en las próximas semanas sobre su coste" en los diferentes países, dijo Reynders en un debate en el Parlamento Europeo.
El coste adicional de las PCR para los ciudadanos no vacunados había sido un punto de debate en las negociaciones entre el Consejo y el Parlamento para el certificado digital de coronavirus, ya que los eurodiputados exigían límites a su precio (que va, por ejemplo, desde menos de 50 euros en Bélgica hasta, al menos, 120 euros en España) mientras que los países se resistían a esta rebaja.
El comisario recordó que, pese a que no se llegó a un consenso para su gratuidad, la regulación subraya "la importancia de pruebas universales y asequibles para todos los ciudadanos", en especial para los que tienen que cruzar la frontera a diario por motivos personales y laborales.
Reynders añadió que la Comisión ha comprometido 100 millones de euros adicionales para la compra de estas pruebas.
Durante el debate, el comisario celebró el acuerdo para el certificado digital europeo, que se confirmará este miércoles con un voto final en pleno y, se espera, facilitará la libertad de movimiento de los europeos y contribuirá al levantamiento gradual de las restricciones en los estados miembros.
Varios países, entre ellos España, han comenzado ya a adaptar las normas de entrada de ciudadanos comunitarios a lo que se requiere la regulación del certificado.
También el negociador principal del Parlamento para el certificado, el socialista español Juan Fernando López Aguilar, recalcó que el acuerdo se cerró "en tiempo récord" para que estuviera listo para este verano y afirmó que, con el consenso logrado, se "acota la competencia reivindicada de los estados miembros para imponer medidas restrictivas a la libre circulación".
López Aguilar insistió en que, aunque los estados miembros se reservan el derecho a aplicar medidas como cuarentenas si la situación sanitaria lo exige, estas deberán ser proporcionales y se deberán comunicar con suficiente antelación al resto de países miembros y a la ciudadanía.
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