Madrid, 16 feb (.).- El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha citado para la primera semana de marzo a casi una veintena de personas, en su mayoría, testigos, en el marco de la causa que investiga la relación de Iberdrola (MC:IBE) con empresas vinculadas al excomisario de Policía José Manuel Villarejo.
Según consta en una providencia, el titular del juzgado central de Instrucción número 6 tomará declaración el 4 de marzo, en calidad de investigado, al exresponsable del área corporativa de seguridad en el extranjero de Iberdrola Enrique Victorero, cuya firma figura en una factura girada en 2012 por importe de 25.000 euros más IVA.
Esta nueva ronda comenzará antes, el 1 de marzo, con la testifical de la que fuera alcaldesa de Arcos de la Frontera (Cádiz) Josefa Caro, a raíz del conocido como proyecto Arrow, encargo que giraría en torno a la central que la eléctrica quería construir en este territorio y a la oposición de una concejal del ayuntamiento.
Para ese mismo día está prevista la comparecencia, siempre como testigo, de Corneliu Dica, representante de Eólica Dobrogea, compañía que se alió con Iberdrola Renovables para acometer una serie de proyectos en Rumanía.
Sin embargo, durante el proceso surgieron diferentes conflictos que fueron resueltos de forma favorable para la compañía española en un procedimiento arbitral.
Entre los hechos que atribuye el juez a la filial de la multinacional españolas e encuentra, precisamente, un posible delito de cohecho por la contratación de empresas de Villarejo para investigar a quienes fueran sus socios.
Un día después, el 2 de marzo, será el turno del exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional Enrique García Castaño, que aunque está llamado como testigo, acudirá con su abogado al estar siendo investigado en otras piezas separadas del caso Villarejo.
Esa misma mañana intervendrán, entre otros, los ecologistas Manuel Gómez y Ángel Fernández.
El 3 de marzo hay fijadas cuatro testificales, entre las que destacan la del que fuera delegado especial de la Agencia Tributaria en Madrid Luis Francisco Cremades Ugarte, y la del empresario Gustavo Buesa, nombrado consejero de Iberdrola Renovables en la primavera de 2010.
Por su parte, Antonio Holguín y Francisco Javier García Saldaña, fundadores de Casesa, empresa de seguridad que trabajó para Iberdrola, declararán el 4 de marzo.
La causa abierta en la Audiencia Nacional trata de aclarar si Iberdrola contrató al excomisario por un total de un millón de euros entre 2004 y 2012 para, entre otras cosas, infiltrarse en plataformas contrarias a sus intereses o investigar a un accionista crítico con su gestión.
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