Madrid, 4 abr (.).- La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha participado esta tarde en el Congreso en el registro de las más de 30 enmiendas de En Comú Podem al proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, entre ellas una que introduce multas de hasta 90.000 euros para arrendadores que incumplan la limitación de precios de alquiler.
Colau, que ha apelado a la promesa que le hizo personalmente en Barcelona el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que aprobaría una ley que regularía de forma efectiva los alquileres, ha asegurado que la actual redacción de la ley "no es efectiva" y que "si se aprobase así no cambiaría la realidad del mercado de la vivienda".
Acompañada por la concejala de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Lucia Martín, y por el diputado de En Comú Gerardo Pisarello, Colau ha explicado, en el patio del Congreso, los cuatro aspectos "de mínimos" que considera que debe incluir la ley para que Pedro Sánchez cumpla su palabra.
Así, para que la regulación de los alquileres sea efectiva, pide eliminar el plazo de dieciocho meses que prevé el proyecto de ley antes de su entrada en vigor y que se pueda aplicar a todos los propietarios, no solo a las empresas jurídicas titulares de más de diez viviendas, ya que entonces solo tendrían precios regulados el 30 % de los arrendadores, según sus datos.
También ha señalado que "para declarar las áreas tensionadas la referencia a las subidas de IPC tienen que estar acorde con el contexto actual".
Esto supone que definir como zona tensionada aquella en la que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya experimentado, en los últimos cinco años, un crecimiento acumulado de más de dos puntos por encima del crecimiento acumulado del producto interior bruto (PIB) de la comunidad autónoma correspondiente, en lugar de cinco puntos, como figura en el proyecto de ley.
Otro de los aspectos que Colau considera imprescindible es que la ley garantice una alternativa a las familias vulnerables que sean desahuciadas a través de la "mediación" obligatoria, como está haciendo en Barcelona -ha dicho-, y que obligue a los grandes propietarios (bancos y fondos) a que antes de desahuciar tengan que ofrecer un alquiler social, como también hace la ley catalana.
El tercer aspecto es que la ley obligue al Gobierno a destinar en los Presupuestos Generales del Estado para 2023 al menos un 1 % del PIB para hacer vivienda pública a precios asequibles y a revisar al alza ese porcentaje en 2024.
Por último, ha propuesto una reforma de la fiscalidad, para "ayudar a los empresarios que lo quieren hacer bien y ofrecen alquiler protegido y rehabilitan, y ayudar a las cooperativas y el tercer sector, no a los fondos buitres".
Esto está plasmado en sus enmiendas, a las que ha tenido acceso Efe, en una reducción del 21 % al 10 % del IVA de las cesiones de suelo en derecho de superficie a entidades privadas para la producción y gestión de vivienda pública en alquiler y al 4 % en el supuesto de vivienda dotacional, y en un incremento de la reducción de la Base Imponible en el Impuesto de Sociedades del 40 % al 85 % a las empresas que operen en el mercado del alquiler de vivienda pública en ciertas condiciones.
Tras recalcar que el Ayuntamiento de Barcelona va a hacer el "máximo esfuerzo" para que la ley estatal de vivienda "sea realmente efectiva", la alcaldesa ha celebrado la "congelación" recientemente decretada por el Gobierno al 2 % en la subida de los alquileres, con motivo de la alta inflación, pero ha incidido en que España "necesita una ley que regule que eso sea definitivo y que no se producen subidas abusivas".
MULTAS DE 6.000 A 90.000 EUROS
Entre las enmiendas de En Comú Podem, que según Colau están "alineadas" con las de Podemos, se incluye que las comunidades autónomas puedan aplicar un régimen sancionador con multas que van de 9.001 a 90.000 euros para infracciones graves y de 6.001 a 9.000 euros para infracciones leves.
Entre las graves figura establecer una renta que supere en más del 20 % el importe máximo que corresponda, según la regulación de la ley de vivienda, y ocultar al arrendatario que la vivienda está sujeta al régimen de contención de rentas, mientras que considera una infracción leve fijar una renta que no supere en un 20 % el importe máximo que corresponda.
OTRAS ENMIENDAS
Para hacer efectivo el derecho a la vivienda en toda España, propone además que, en todos los municipios de al menos 5.000 habitantes, al menos el 20 % del total de viviendas se destinen a políticas sociales, en un plazo máximo de veinte años, para lo cual se crearía un "fondo económico estatal específico de solidaridad urbana" y el Estado además contribuiría con suelo y vivienda de su propiedad.
Otras de las enmiendas incluyen una regulación del alquiler turístico y establecen que el vendedor de una vivienda sea el que asuma los honorarios de la empresa inmobiliaria o intermediaria.