MADRID (Reuters) - Ocho exdirectivos de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) se sentarán en el banquillo a partir del lunes en un juicio en la Audiencia Nacional por las irregularidades que llevaron a la entidad a la quiebra en 2011.
La Fiscalía acusa a siete de los antiguos altos cargos de delitos de falsedad de cuentas, estafa, apropiación indebida y administración desleal en la gestión de una entidad que se convirtió en uno de los símbolos de la crisis financiera en España.
Entre los ocho acusados figuran el que fuera presidente de la entidad Modesto Crespo, el exdirector general Roberto López Abad, la exdirectora general adjunta María Dolores Amorós y el exdirector general de Planificación y Control Teófilo Sogorb.
Para López Abad, Amorós, Sogorb y otro de los acusados la Fiscalía pide penas de siete y años y medio de prisión y el pago de una multa de 180.000 euros, y para los tres restantes la solicitud oscila entre un año y medio y diez meses de prisión y multas de entre 9.000 y 12.000 euros.
Además, la Fiscalía sostiene que los acusados deberán indemnizar conjunta y solidariamente a Banco Sabadell (MC:SABE) la cantidad de 20,1 millones de euros.
La CAM, que estuvo bajo la administración del FROB tras su intervención, fue adjudicada a finales de 2012 al banco catalán tras una inyección de capital público de 5.249 millones de euros.
En su escrito de acusación, la Fiscalía detalla que como consecuencia de la contabilización irregular llevada a cabo por sus entonces directivos, los estados financieros de la CAM en 2010 presentaron un beneficio antes de impuestos de 201 millones de euros, cuando deberían haber sido de 9,2 millones de euros de pérdidas.
La Fiscalía agregó que otra de las finalidades que buscaban los acusados al alterar la cuenta de resultados de 2010 era asegurarse el pago de una serie de complementos retributivos a los que sólo se tenía derecho si se alcanzaban determinados resultados al cierre del ejercicio anterior, y que ascendieron a 6,2 millones de euros.
La CAM se convirtió en uno de los símbolos de la crisis financiera en España tras su intervención por problemas de solvencia y liquidez en julio de 2011, llegando a ser calificada como "lo peor de lo peor" por el entonces gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez.
Se espera que tras la primera jornada de cuestiones previas los acusados comiencen a declarar el martes, en un juicio que está previsto que se extienda hasta el mes de julio, según fuentes de la Audiencia Nacional.