Madrid, 12 mar (.).- La Confederación Española de Transporte en Autobús (Confebus) ha propuesto 20 medidas para mejorar la colaboración público-privada, con el objetivo de acercarse a un modelo sostenible de licitaciones en el transporte en autobús.
Esta propuesta pretende actualizar el sistema de contratación pública y adaptarlo a las necesidades del mercado, de forma que se garantice la movilidad de las personas, según ha indicado Confebus en la presentación de la iniciativa este martes.
Se trata de un informe, elaborado en colaboración con las consultoras Eversheds Sutherland y KPMG, que incluye tres bloques que marcan los pasos a seguir antes, durante y después de la licitación para todos los tipos de transporte en autobús, desde interurbanos a escolares.
Entre las medidas previas a la licitación destaca la creación de un observatorio de precios de mercado, así como la redacción de pliegos consultivos o la actualización de parámetros de costes en el estudio de viabilidad económica-financiera para que sean efectivos al comienzo de la licitación.
Durante la licitación se aboga por que se mantenga esta viabilidad durante todo el contrato, con cláusulas de revisión y modificación extraordinaria y también por tener en cuenta el impacto de la Ley de Desindexación de la Economía Española durante la vida del mismo.
Además, las medidas de Confebus pretenden rebajar la intensidad del "sistema subasta" -el se que inclina a la adjudicación al precio más bajo-, y favorecer la concurrencia de licitadores con ofertas más adecuadas para la mejora y la continuidad del servicio y de su calidad.
Este "sistema subasta" puro se considera como "un incentivo a la temeridad", que propicia la prestación de un servicio de peor calidad, según Confebus, que añade que supone dificultades para mantener el servicio en casos en los que el adjudicatario no puede cumplir con la prestación al precio que ofertó inicialmente.
Según ha indicado el socio responsable de transporte, gobierno y sanidad de KPMG en España, Cándido Pérez, es necesario adecuar el diseño de los procesos a los nuevos hábitos y tendencias de la movilidad de la población, además de reducir el grado de litigiosidad y consecuente retraso en los procesos de renovación de las concesiones.
Otra de las propuestas es establecer un "sistema pódium" de asignación de puntos, basado en la clasificación de las distintas empresas, para generara una mayor diferenciación y aportación de valor.
Asimismo, la cláusula para regular la "ultractividad" de los contratos es uno de los elementos centrales, de forma que los contratos no se encuentren en un "limbo jurídico", pero sin dejar a los ciudadanos sin la prestación del servicio.
"Lo que debe primar siempre en un servicio público es el principio de continuidad", según ha explicado el socio del departamento de derecho público en Eversheds Sutherlan, Alberto Dorrego, que ha insistido en que este servicio debe cumplir con el equilibrio económico-financiero.