Madrid, 7 mar (.).- El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de amparo que presentó el grupo popular en el Senado contra la decisión de la Mesa de la Cámara Alta de vetar la tramitación de una proposición de ley en la cual el PP insistía en la rebaja del IVA de las peluquerías rechazada por el Gobierno.
En concreto, la Sala Primera del Constitucional ha acordado, tras examinar el recurso interpuesto por los senadores del PP, admitirlo a trámite al apreciar que en él concurre "una especial trascendencia constitucional" puesto que el asunto suscitado "trasciende del caso concreto", según explica el acuerdo, al que ha tenido acceso Efe.
Es más, la sala admite que el recurso promovido por el PP "pudiera tener unas consecuencias políticas generales" a partir de la decisión que la Mesa del Senado adoptó el pasado 14 de septiembre al aceptar la no conformidad que el Gobierno a la tramitación de la proposición de ley acogiéndose al llamado "veto presupuestario".
La iniciativa es una más de las planteadas el año pasado por este grupo desde la Cámara Alta para intentar rebajar el IVA de las peluquerías del 21 al 10 por ciento, y que ha vivido diferentes episodios políticos.
Entre ellos figura la anulación de una votación por parte de la anterior presidenta del Senado, Pilar Llop, en la cual se aceptó esta misma rebaja a partir de una enmienda en la Ley de Lucha contra el Fiscal que logró reunir una mayoría alternativa a los votos del PSOE, que no llega a la mayoría absoluta en esta Cámara.
Aquello sucedió en junio, y el PP recurrió en amparo al Constitucional, por entender que la anulación fue arbitraria y no justificada, mediante un recurso igualmente admitido a trámite.
El de ahora se refiere a una iniciativa distinta: una proposición de ley presentada seguidamente por el PP para modificar la regulación del IVA de manera que se aplicara esta rebaja a los negocios de "peluquería, barbería y estética" desde enero de 2022.
En septiembre de 2021 el Gobierno se acogió a la potestad de pronunciarse sobre su "no conformidad" a la tramitación de esta reforma porque supondrían una reducción de la recaudación del IVA estimada en 203 millones de euros para el ejercicio de 2022.
Esta disconformidad del Ejecutivo fue aceptada por la Mesa del Senado el 14 de septiembre de 2021, sin el apoyo del PP, que pidió su reconsideración, rechazada, y que finalmente optó por recurrir en amparo al Tribunal Constitucional.