Madrid, 15 mar (.).- El Congreso de los Diputados ha apoyado tramitar una proposición de ley del grupo parlamentario socialista que permitirá que el servicio social femenino, que muchas mujeres se vieron obligadas a prestar entre 1937 y 1978, compute a la hora de acceder a la jubilación parcial.
A falta de la votación, la mayoría de los grupos parlamentarios en el pleno del Congreso han dado su apoyo al trámite de esta iniciativa que supone "un paso decidido para la igualdad real y efectiva, una cuestión de justicia y de reparación histórica", tal y como ha defendido la diputada socialista, Mercè Perea.
Esta norma se sumará a la mejora incorporada en la reforma de pensiones, que permite computar el servicio social femenino para el acceso a la jubilación anticipada en igualdad de condiciones que lo hacen los hombres que realizaron el servicio militar o la prestación social sustitutoria.
De esta manera, a ambos ya se les reconoce estos servicios para el acceso a la jubilación anticipada con el límite máximo de un año o hasta alcanzar los 33 años cotizados (para el cese forzoso) o 33 años (para el voluntario).
Perea ha explicado que la aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo de febrero de 2021, reconociendo los días de prestación del servicio social femenino para acceder a la pensión anticipada, "ha beneficiado ya a 427 mujeres".
"No podemos cambiar el pasado pero sí el presente, mejorando las vidas de esas mujeres que lo tuvieron todo más complicado por el hecho de ser mujeres", ha asegurado Perea, quien ha añadido que, aunque su impacto no sea demasiado, se trata de "una cuestión de dignidad".
FORMAR A LA MUJER PARA SER "BUENA MADRE Y ESPOSA"
En sus primeros años (1937-1940) el servicio social femenino se prestó en centros de auxilio social, en el frente de la Guerra Civil y en hospitales, para pasar después a ser gestionado por la Falange, que se dedicó a impartir cursos para enseñar cómo ser "buena madre y esposa", ha explicado Perea.
Pasó entonces a estar gestionado por Pilar Primo de Rivera, hermana de José Antonio Primo de Rivera, quien defendía que "las mujeres debían ser femeninas y no feministas", ha explicado la diputada de Bildu Merche Aizpurua, quien realizó este servicio social en sus últimos años en vigor para poder estudiar en la universidad.
Aunque fue cambiando a lo largo del periodo de vigencia, este servicio era obligatorio para mujeres de 17 a 35 años, solteras y de clase media o baja que quisieran acceder a un empleo, opositar, sacarse un título universitario, el pasaporte o el carné de conducir, ha dicho Aizpurua.
De esta forma, las mujeres fueron objeto de una "doble discriminación: por ser mujer y por no casarse", ha añadido Perea, quien ha defendido esta norma como paso para reducir la brecha de género en pensiones.
La formación que debían superar estas mujeres versaba sobre "cursos de cocina, corte y confección o elaboración de canastillas para bebés", tal y como ha explicado la diputada de Junts Pilar Calvo, quien no obstante ha criticado la tardanza de esta norma.
LOS GRUPOS CRITICAN EL ESCASO IMPACTO Y EL RETRASO DE LA NORMA
"Esto llega décadas tarde, la inmensa mayoría de 'las flechas' o ya no están entre nosotras o hace mucho tiempo que se jubilaron. Las últimas mujeres tienen al menos 62 años", ha asegurado Calvo, a quien se ha sumado el diputado de Foro Asturias Isidro Martínez Oblanca.
"Es una ley simbólica", ha defendido pese a todo la diputada de Unidas Podemos Isabel Franco, al tiempo que el de Compromís Joan Baldoví ha mostrado su apoyo a su tramitación -que también ha sido respaldada por PP y VOX- "aunque sólo beneficie a una sola mujer".
Por su parte, el diputado de PNV Íñigo Barandiaran ha considerado que habría sido mucho más rápido si el Gobierno lo hubiera aprobado mediante un real decreto, ya que habría entrado en vigor de forma inmediata, en tanto que el diputado de BNG Néstor Rego ya ha anunciado que presentará enmiendas en su trámite parlamentario.