Madrid, 22 jun (.).- El secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, ha denunciado este miércoles que en España "sigue habiendo movimientos especulativos en los precios del alquiler en algunas zonas", lo que ha generado malestar entre las gestoras de inversiones residenciales.
David Lucas ha señalado que estos movimientos especulativos son uno de los déficit que arrastra el sector inmobiliario desde hace años y que preocupan al Gobierno, en una intervención en la II Gran Jornada Inmobiliaria de El Economista, en la que el responsable del Área Inmobiliaria de Azora, Javier Rodríguez, le ha acusado de "regular a impulsos ideológicos y pervirtiendo el lenguaje".
Lucas ha sostenido que con el proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda que él mismo negoció con la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra "se eliminan los movimientos especulativos en el alquiler que se producen sobre todo en las grandes metrópolis" y "se fortalece la colaboración público-privada", y ha dicho que las críticas que recibe esta ley "son por desconocimiento o por oportunismo político".
También ha señalado que los datos de los que dispone el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) atestiguan que el sector inmobiliario "está en buenas condiciones y tiene buenas perspectivas", a pesar de las incertidumbres que genera la guerra de Ucrania.
En su intervención en la misma jornada inmobiliaria, el representante de Azora, Javier Rodríguez, le ha replicado que "la especulación viene del Gobierno central y de las administraciones públicas por su actuación con el suelo" y ha señalado que él no ve más riesgo para la inversión inmobiliaria que el jurídico.
"La inseguridad jurídica es lo que puede acabar con todo y desviar el dinero a otro lado y se está legislando con inseguridad jurídica", ha afirmado, tras quejarse del "desaguisado" que, a su juicio, supone la congelación de la subida de los alquileres decretada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
También ha denunciado que el módulo de la vivienda protegida lleve congelado quince años, lo que supone que destinar el porcentaje de esta tipología que marca la ley en cada promoción no cubre los costes de producción y esto repercute la vivienda libre, que se paga un 15 % más cara, según ha explicado.
En la misma línea, la directora gerente senior de HInes, Vanessa Gelado, ha recalcado que gran parte del capital institucional que invierte en inmobiliario en España es extranjero "y se puede ir por medidas que le pueden asustar".