San Juan, 28 feb (EFE).- La degradación de la deuda del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que supera los 70.000 millones de dólares provocará el empeoramiento de los servicios públicos en la isla y un aumento de la emigración dirigida principalmente hacia EE.UU., según coincidieron en apuntar hoy varios economistas.
Ambas conclusiones fueron apuntadas en un foro sobre "los retos y oportunidades de Puerto Rico ante la degradación crediticia", organizado por la Asociación de Maestros de la isla, cuyo sistema de pensiones fue reformado por el Ejecutivo en un intento fallido de evitar esa degradación.
El catedrático de Economía de la Universidad de Puerto Rico Jaime del Valle señaló a Efe tras su ponencia que la primera consecuencia de la degradación será la caída paulatina de la calidad de los servicios públicos, con el empeoramiento del sistema de transporte estatal y el cierre de escuelas.
La pérdida de derechos adquiridos en las pensiones de los empleados públicos, como ha pasado con los maestros, es otra de las consecuencias que según Jaime del Valle causará la degradación de la deuda ocurrida a comienzos de febrero.
El jueves el Senado de Puerto Rico aprobó la ley que autoriza una nueva emisión de bonos por un máximo de 3.500 millones de dólares.
Con esa emisión se busca afrontar los vencimientos de deuda inmediatos de Puerto Rico, que a principios de mes vio cómo las grandes casas acreditadoras degradaron el crédito de la isla al nivel de "chatarra" (grado especulativo).
Del Valle subrayó que el aumento de la emigración, con especial incidencia entre sectores cualificados, será otra de la consecuencias de la degradación de la deuda, ya que "no hay alternativa" para muchos profesionales.
En cuanto a las causas que han favorecido el incremento y degradación de la deuda, apuntó al sistema contributivo que favorece que las compañías de fuera de la isla que operan en el Estado Libre Asociado contribuyan con poco más del 3 % de sus beneficios a la Hacienda local.
"Se trata de uno los porcentajes más bajos del mundo", aseguró el catedrático, para quien durante décadas se perdió la oportunidad de gravar a las empresas que operaban en Puerto Rico.
"El problema es no haber buscado donde había", dijo el economista en referencia a las grandes farmacéuticas estadounidenses, que hace cinco décadas comenzaron a instalarse en Puerto Rico en busca de condiciones fiscales favorables y que llegaron a aportar el 25 % del producto interior bruto (PIB) local.
El vencimiento de patentes provocó el abandono paulatino de la isla, a lo que ha contribuido la entrada en vigor de una ley que grava con un 4 % los ingresos de las empresas foráneas con ventas superiores a 75 millones de dólares.
El proceso ha favorecido, según este economista, el incremento de una deuda que en su opinión es "impagable".
Francisco Catalá, también catedrático de Economía de la Universidad de Puerto Rico, dijo a Efe que es evidente que la degradación de la deuda provocará "el empobrecimiento de los servicios del Gobierno".
"El empeoramiento de las condiciones de trabajo de los empleados públicos es una realidad y consecuencia de la política laboral restrictiva" en marcha, aseguró.
Catalá dijo que la degradación responde a una economía que catalogó de "disfuncional" y caracterizada por una bajísima participación laboral y un alto desempleo.
A eso hay que sumar la evasión fiscal imperante favorecida por un sistema tributario que, apuntó, es consecuencia de un "enjambre de distintos sistemas" y una Hacienda con una pobre fiscalización.
"Todo eso da como resultado la fórmula perfecta para causar la situación actual", que, a su juicio, se debe combatir con una reforma tributaria integral.
Destacó que la próxima emisión de bonos por un máximo de 3.500 millones de dólares solo servirá para refinanciar la deuda pendiente y cubrir gastos operacionales, es decir, que "no contribuirá a crear riqueza", dijo.
Puerto Rico tiene una deuda vencida o próxima a vencer de unos 2.000 millones de dólares, sin contar la deuda que el Estado Libre Asociado mantiene con el Banco Gubernamental de Fomento y que ronda los 3.000 millones de dólares.
Las agencias justificaron la degradación por los graves problemas de liquidez y unas difíciles condiciones para acceder a los mercados de deuda.