Madrid, 15 feb (.).- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha denunciado que el despido es "demasiado barato" y que, además, no existe una "protección efectiva" ante los "abusos" que cometen algunas empresas al rescindir el contrato de sus trabajadores de forma injustificada.
"Estamos de acuerdo en combatir los despidos injustificados, lo hemos hechos y lo vamos a seguir haciendo", ha afirmado Díaz en el Congreso de los Diputados en respuesta a una interpelación urgente del diputado de ERC Jordi Salvador acerca de incrementar las indemnizaciones por despido improcedente.
En su intervención, el diputado de ERC ha lamentado que "ni las causas ni el precio del despido tienen efectos disuasorios" y ha defendido que la primera solución ante un despido improcedente debería ser la readmisión del trabajador.
Para la titular de Trabajo, los despidos injustificados son una "ilegalidad muy grave" que producen daños tanto a los trabajadores que pierden su trabajo como al resto de empleados por el miedo a perder su puesto, así como a las empresas "que sí cumplen con la legalidad" y al conjunto de la economía y la sociedad española.
La vicepresidenta ha asegurado que es necesario eliminar la "perversidad" de la rotación laboral como una "dinámica" y ha denunciado que hay empresas que incluyen los costes por despido en sus previsiones de gasto.
Díaz ha aseverado que "no es admisible un mercado de trabajo basado en despidos a precio de saldo", ya que ese despido barato "no fomenta la contratación (...), sino que fomenta la rotación y la precariedad".
"El despido debe ser disuasorio y reparar el daño causado", ha zanjado la vicepresidenta, que ha avanzado que el Gobierno espera la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales acerca de dos reclamaciones interpuestas por los sindicatos en la que denuncian que España incumple la Carta Social Europea en materia de despidos.
En este sentido, la ministra de Trabajo ha vuelto a insistir en que deben eliminarse los "topes" de las indemnizaciones por despido ya que esto es una "anomalía" dentro del contexto de la UE.