Santiago de Chile, 5 feb (EFE).- Diputados se sumaron este sábado a la demanda interpuesta por ambientalistas en contra de la sanitaria Aguas Andinas y la empresa AES Gener, controladora del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo que según los demandantes pone en riesgo el abastecimiento de agua potable para la capital chilena.
La acción judicial, presentada en 2019, busca anular un contrato celebrado entre ambas compañías que establece el vertimiento y conducción de agua por parte de la sanitaria hacia operaciones del proyecto energético, hecho que "se aleja del objeto único establecido por ley" (producción de agua potable) y "constituye un negocio paralelo".
"Debemos comprender que el avance del proyecto Alto Maipo pone en juego el suministro de agua potable para toda la Región Metropolitana. Es decir, la vida de millones de personas se pone en riesgo, una vez más, solo para proteger los intereses oligárquicos, que creen estar por sobre la ley", señaló la diputada electa de Apruebo Dignidad, Camila Musante.
"Me hago parte de esta demanda porque urge proteger la cuenca de un río que está por desaparecer, porque ninguna persona, empresa o grupo de empresas pueden estar por sobre el derecho y porque defender la tierra y el agua, es defender nuestra propia existencia", agregó.
"Consideramos inaceptable que, una vez más, se prioricen negocios entre grandes grupos económicos por sobre las necesidades básicas de las familias de la Región Metropolitana y del país. Aguas Andinas tiene la obligación de utilizar el agua que recibe única y exclusivamente para proveerla a los habitantes de la región", afirmó por su parte el diputado del Partido Humanista, Tomas Hirsch.
"Esperamos que sea acogido nuestro escrito y que nunca más se utilice el agua destinada para consumo humano en otras actividades por parte de la empresa encargada del servicio", sentenció el parlamentario.
El 2021 cerró con el récord de ser el cuarto año más seco en Chile desde que se tienen registros, una situación que es especialmente crítica en la zona central, donde miles de habitantes reciben agua diariamente gracias a camiones aljibes.
La sequía, que suma ya 13 años consecutivos, es considerada como una consecuencia de la crisis climática, pero las organizaciones ecologistas denuncian que el modelo de gestión de agua chileno -cuyo origen se remonta a la economía neoliberal instaurada durante la dictadura- la ha agravado, mientras el Código de Aguas ya se discute en la Convención Constitucional.