Madrid, 13 dic (.).- El pleno del Congreso debatirá este martes la proposición de ley de garantía del derecho a una vivienda digna y adecuada que elaboraron hace unos meses organizaciones sociales como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, el Sindicato de Inquilinas y Nadie Sin Hogar.
El pasado 30 de septiembre, Unidas Podemos y los grupos parlamentarios en los que se ubican Más País, Bildu, ERC, CUP, Junts, Compromís, BNG y Nueva Canarias registraron la iniciativa, con el fin de presionar el PSOE en la negociación del anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda.
Con toda probabilidad el Congreso rechazará la "toma en consideración" del texto, a pocos días de que el Consejo de Ministros apruebe en segunda lectura su anteproyecto de ley y lo remita a la cámara.
La proposición de ley del movimiento a la vivienda -que será llevada al pleno por Bildu- necesitaría los votos del grupo socialista para que su toma en consideración fuera aprobada y poder iniciar su tramitación parlamentaria, pero previsiblemente no los obtendrá.
Fuentes de Unidas Podemos han señalado a Efe que la ley que elaboraron los colectivos de vivienda "tiene buenas ideas para mejorar la ley del Gobierno" y que "lo importante de la ley de vivienda es que se logre una mayoría parlamentaria, por lo que la negociación es fundamental para sacarla adelante".
Para el partido que dirige Ione Belarra la de vivienda es una ley de "vital importancia", cuyo anteproyecto le ha costado casi un año de tensa negociación con los socialistas.
Los de Belarra se congratulan de haber "conseguido algo histórico, que es que el Gobierno elabore una ley de vivienda y se abra a regular los precios de los alquileres".
El texto que el Congreso debatirá mañana propone sanciones de hasta 900.000 euros por no aplicar en los contratos de alquiler de vivienda de zonas tensionadas los límites en el precio que se establezcan.
La proposición de ley, de más de cien páginas, regula de manera detallada el mercado del alquiler y el régimen sancionador en materia de contención de rentas, con multas que van de los 3.000 euros a los 900.000.
También contiene medidas para evitar los desahucios, garantizar los suministros de gas, luz y agua (con una tarifa social financiada por las empresas), penalizar las viviendas vacías (con recargos del 75 % al 300 % en el IBI y cesión obligatoria para grandes tenedores) y cancelar deudas hipotecarias por sobreendeudamiento.
Asimismo devuelve a las socimis al régimen fiscal general, habilita políticas de control del alquiler turístico, amplía la duración de los contratos de arrendamiento a siete años para personas físicas y doce años para personas jurídicas y establece que los honorarios correspondientes a las gestiones realizadas por agentes inmobiliarios o intermediarios, ya sea en operaciones de compraventa o en alquiler, serán satisfechos por el vendedor o arrendador, respectivamente.