Madrid, 24 feb (.).- El Consejo Económico y Social (CES) considera necesario reforzar la seguridad jurídica, con tipificación y gradación de sanciones claras, en el anteproyecto de ley por la que se establecen las normas para la implantación en España del sistema de gestión de la Política Agraria Común (PAC).
Así lo ha informado este jueves este órgano consultivo gubernamental, en su dictamen sobre el anteproyecto, realizado a raíz de una solicitud hecha el pasado mes de enero por el Ministerio de Agricultura y Pesca (MAPA).
El CES plantea que se debe mejorar la redacción del anteproyecto para que el régimen sancionador haga una descripción clara de los problemas a los que quiere hacer frente, que no den pie a diferentes interpretaciones por parte de las autoridades competentes y procure una aplicación homogénea en todo el país.
A su juicio, la clasificación de las sanciones y sus cuantías deben atender a la enorme casuística presente en el sector agrario, aun teniendo en cuenta en la graduación de las sanciones el posible beneficio que puede perseguir un infractor, de manera que no le sean rentables las prácticas fraudulentas.
Por otro lado, el CES ha recordado que el modelo comunitario de producción agraria implica el cumplimiento de una gran cantidad de normas y requisitos, que "pone a prueba" el sistema de producción de las explotaciones agrícolas y ganaderas, y en algunas ocasiones genera problemas de diversa índole a los beneficiarios de la PAC.
Según ha señalado, las pequeñas explotaciones familiares ven aumentar su carga de gestión, sin contar en ocasiones con los medios o la formación necesarios para asumirla, lo que les puede acarrear dificultades.
Por esta razón, el CES considera que el sistema debe tener la suficiente flexibilidad para diferenciar las prácticas fraudulentas de los errores materiales.
En ese sentido y para evitar penalizaciones y sanciones a los agricultores por errores manifiestos, evidentes y sin intención alguna, el CES recomienda que no se impongan sanciones cuando el incumplimiento obedezca a un error de la autoridad, y si la persona afectada por la sanción administrativa no hubiera podido razonablemente haber detectado el error.
A la fecha de entrada de la solicitud en el CES, el anteproyecto de ley se encontraba todavía en el trámite de audiencia e información públicas recogido, por lo que el órgano consultivo ha estimado pertinente pronunciarse únicamente acerca de sus líneas generales.