Wilder Pérez Roque
Managua, 18 ene (EFE).- Nicaragua inició el 2014 con la implementación de una controvertida reforma a su sistema de seguridad social, que obliga a miles de ciudadanos a trabajar más tiempo para obtener una pensión cercana a su último salario.
El objetivo de los cambios legales al sistema, según el Gobierno, es evitar el colapso del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
El Ejecutivo del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, aprobó la reforma tras recibir el año pasado una recomendación del Fondo Monetario Internacional (FMI) pues, según los cálculos oficiales, el INSS podría quebrar en 2021 si no recibe nuevos ingresos.
Las modificaciones al Reglamento de la Ley de Seguridad Social fueron aprobadas por decreto y a puerta cerrada el 17 de diciembre pasado por el consejo directivo del INSS, con el voto de la patronal.
Con las nuevas medidas, las autoridades nicaragüenses proyectan recaudar casi 57 millones de dólares anuales que garantizarán la sostenibilidad del sistema al menos hasta 2036, según el Ejecutivo.
Sin embargo, las estadísticas financieras del INSS indican que de enero a octubre de 2013 sus ingresos fueron de 461,7 millones de dólares y sus gastos de 418,2 millones de dólares, lo que le da un saldo a favor de 43,5 millones de dólares.
En este sentido, el experto en temas de seguridad social Manuel Ruiz dijo a Efe que el Gobierno no ha querido explicar las razones por las que asegura que el INSS llegaría a la quiebra, cuando esa institución siempre ha tenido un superávit de entre 100 y 150 millones de dólares anuales, según el analista.
Entre las medidas implementadas y de las más criticadas, está la de recortar la pensión a los nuevos jubilados.
El presidente ejecutivo del INSS, Roberto López, dijo que las personas que ganan más de dos salarios mínimos del sector industrial (unos 274,7 dólares al mes) recibirán, al menos, un 5 % menos de pensión en el momento de su retiro.
De este modo, según López, la medida busca proteger al 70 % de los trabajadores afiliados que no ganan más de dos salarios mínimos al mes, frente al 30 % que sí lo hace.
Otra medida que ha causado controversia es que los actuales cotizantes difícilmente podrán aspirar a jubilarse con un 80 % de su salario, como hasta ahora.
En este sentido, Ruiz precisó que para poder jubilarse con el 80 % del salario, bajo las nuevas normas, un nicaragüense necesitará 40 años de trabajo, 8 más que antes, y 2.080 cotizaciones semanales, frente a las 1.664 anteriores.
Esto significa que para retirarse conforme la edad de jubilación actual de 60 años, un trabajador en Nicaragua tendrá que ingresar al mercado laboral formal a los 20 años para aspirar a una pensión con el 80 % de su salario.
Para distintos sectores, esta medida es una forma encubierta del Ejecutivo de subir la cuota y la edad de jubilación, así como de seguir las directrices del FMI, que sugirió aumentar de 60 a 65 años la edad de retiro y duplicar de 750 a 1.500 las semanas de cotizaciones al INSS.
La reforma también elevó del 16 % al 17 % la cuota patronal a partir de 2014, cuando también se incrementará el techo del salario máximo cotizable de los 1.479 dólares a los 2.166 dólares mensuales.
En Nicaragua, cerca 11.000 personas ganan 2.166 dólares o más al mes, a las que partir de este año se les deducirá de su salario 135,4 dólares mensuales, superior a los 92,4 dólares de antes, lo que dejará unos 473.000 dólares adicionales en ingresos, según el INSS.
El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri, dijo que los costos de la reforma recaerán más en la patronal, debido a que su cuota aumentará en 35,4 millones y la del Estado como empleador en 8,85 millones, para un total de 44,25 millones de dólares.
Por su lado, el Ejecutivo se ha comprometido a pagar el 2 % anual (entre 11,6 a 12 millones de dólares anuales) de la deuda del Estado con el INSS, calculada entre 580 y 600 millones de dólares, con el objetivo de saldarla en un plazo de 50 años.
Todo ello, arroja que el aporte al INSS en 2014 será de un mínimo de 56,72 millones de dólares. EFE