Madrid, 31 mar (.).- El déficit de las administraciones públicas españolas -salvo las corporaciones locales, cuyos datos aún no se conocen- comenzó el año con un descenso del 30,1 % en enero en comparación con el mismo mes de 2021, hasta situarse en 6.134 millones, un 0,47 % del PIB.
El Ministerio de Hacienda ha publicado este jueves los datos de ejecución presupuestaria de 2021 -un año que cerró con un déficit de 81.521 millones de euros, un 27,9 % menos que en 2020 y equivalente al 6,76 % del PIB-, así como el avance de enero de 2022 y el del Estado hasta febrero.
La reducción del déficit en enero fue posible gracias a que el aumento de los ingresos, del 11,9 %, superó al de los gastos, del 2,5 %.
La administración central cerró enero con un déficit de 5.106 millones, un 28,1 % menos que un año antes y equivalente al 0,39 % del PIB, gracias principalmente a la buena marcha de la recaudación tributaria.
Las comunidades autónomas redujeron su déficit en un 68,6 %, hasta 443 millones (un 0,03 % del PIB), ante la buena marcha de la recaudación y las mayores transferencias recibidas.
En cambio, los Fondos de la Seguridad Social duplicaron su déficit en enero, hasta alcanzar los 585 millones, un 0,04 % del PIB, tras recibir menos transferencias del Estado.
EL DÉFICIT DEL ESTADO BAJA UN 27,6 % AL CIERRE DE FEBRERO
En los dos primeros meses del año, el Estado acumuló un déficit de 11.364 millones de euros, un 27,6 % menos que en el mismo periodo de 2021, un dato que equivale al 0,87 % del PIB.
Esta reducción del déficit ha sido posible gracias a un importante aumento de los ingresos, del 15,8 %, y a una pequeña reducción de los gastos, del 2,2 %.
El Estado ingresó en estos dos meses 25.515 millones, un 15,8 % más, gracias al crecimiento del 17,2 % de la recaudación tributaria (21.301 millones): el IVA ingresó un 17,3 % más; el IRPF, un 26,8 % más, y el impuesto de sociedades, un 1,7 % más.
Los gastos sumaron 36.879 millones, un 2,2 % menos, ante las menores transferencias a la Seguridad Social, ya que aumentaron tanto las entregas a cuenta a las comunidades autónomas (un 5,6 %) como la remuneración de asalariados (un 3,9 %) y los intereses (un 11,6 %).