Lisboa, 16 feb (.).- El Estado ha asumido un protagonismo sin precedentes en el plan de choque presentado hoy por el Gobierno de António Costa en Portugal para atajar la crisis de la vivienda agudizada por la escalada de la inflación, una de las mayores preocupaciones de los portugueses.
Con un valor estimado de unos 900 millones de euros -sin contar inversiones directas en obras- el plan mantiene el objetivo de construir 26.000 viviendas hasta 2026, pero busca aumentar la oferta en el mercado para frenar la especulación y moderar la carrera de precios que castiga prácticamente a todo el país pero en especial a grandes ciudades como Lisboa y Oporto.
El paquete prevé agilizar licencias de construcción, eliminar los visados "gold" -que conceden residencia a cambio de inversiones-, prohibir nuevas licencias para alquiler turístico -salvo para turismo rural en zonas despobladas- y ventajas fiscales para la venta de viviendas al Estado.
Transformar inmuebles comerciales en habitacionales, limitar las tasas de interés de los créditos hipotecarios, apoyar a las familias y dar seguridad a los propietarios son parte sustancial de la iniciativa, que se someterá a un debate público antes de llegar al Parlamento, en marzo.
EL ESTADO, GARANTE DEL PLAN
El papel del Estado como "fiador" es fundamental. Podrá alquilar directamente a los privados durante cinco años para subarrendar después a precios moderados, asumirá el pago de rentas a partir del tercer mes de atraso y se ocupará, si procede, del desalojo.
Además, los privados que vendan al Estado o los municipios estarán exentos del pago de plusvalías y habrá ventajas fiscales para la construcción y compra de viviendas destinadas a alquiler accesible.
El Gobierno creará una línea de crédito de 150 millones de euros para que los municipios puedan recuperar viviendas en mal estado y destinarlas a alquiler.
El Ejecutivo limitará también las rentas en los nuevos contratos de alquiler e incentivará el paso de las viviendas de alquiler turístico al régimen de arrendamiento general.
LA SOMBRA DE LA BURBUJA INMOBILIARIA
El plan se anuncia cuando el país se asoma a una burbuja inmobiliaria alimentada por la subida de los precios y de las tasas de interés de los créditos bancarios.
En los últimos años, los valores han crecido una media próxima al 10% y solo en 2022 batieron un récord y se dispararon casi un 20%.
El problema se agrava en Lisboa, Oporto y sus áreas metropolitanas, donde los precios se multiplican arrastrados por un aumento de la demanda de los "expulsados" de las grandes ciudades por la especulación.
El propio Costa hacía hoy una radiografía del mercado en una columna publicada en el diario Público en la que repasaba "el trabajo hormiga" de su Gobierno en materia de vivienda en un país con un parque habitacional público de los más exiguos de la UE, apenas un 2%.
"La vivienda, además de ser un derecho, puede y debe ser un motor de la recuperación económica, de cohesión y de innovación social", defendió el primer ministro.
Para atajar el problema, el Gobierno limitó a un 2% la subida de los alquileres en 2023 y destinará el 16% de los Fondos de Recuperación y Resiliencia -más de 2.700 millones de euros hasta 2026- a financiar la construcción de 26.000 viviendas.
"No podemos bajar los brazos", afirmó Costa, convencido de que este plan demuestra que "no comenzamos por el tejado".
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