Madrid, 23 mar (.).- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Estatuto del Instituto para la Transición Justa, organismo autónomo del Ministerio para la Transición Ecológica encargado de identificar y adoptar medidas para fomentar la actividad y el empleo en los territorios afectados por el cierre de minas, centrales de carbón y nucleares.
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha recordado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que este instituto es el heredero del antiguo Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IRMC).
Ha explicado que el IRMC se centraba sólo en las comarcas mineras y al ampliarse su objetivo a la transición justa había que renovar su estatuto, pues necesitaba contar con una habilitación explícita para gestionar presupuestos más allá de lo estrictamente asociado a la minería del carbón.
El Instituto para la Transición Justa es el organismo responsable de la elaboración e implementación de la Estrategia Española de Transición Justa, que aprobó el Gobierno en 2019, con el objetivo de lograr oportunidades de empleo en la transformación del modelo económico hacia la neutralidad climática.
La principal herramienta del Instituto para la Transición Justa son los convenios de transición justa para mantener y crear actividad y empleo en los territorios afectados por la desaparición de otras actividades con los cambios que está produciendo la transición energética.
El objetivo de los convenios es desarrollar proyectos integrados de desarrollo territorial que garanticen el empleo a medio y largo plazo y que dinamicen la transición ecológica.
El Instituto para la Transición Justa sigue implementando el acuerdo marco para una transición justa de la minería del carbón y desarrollo sostenible de las comarcas mineras para el periodo 2019-2027, suscrito en octubre de 2018 entre Gobierno, sindicatos y la patronal Carbunión.
Además, ahora también trabaja en acuerdos y alternativas para los territorios afectados por el cierre de centrales térmicas de carbón y de plantas nucleares, para las que no existían planes de reconversión previos como en la minería.
En cuanto a su estructura organizativa, el real decreto aprobado este martes establece que los órganos de gobierno del Instituto para la Transición Justa serán la Presidencia, que corresponderá a la persona titular de la Secretaría de Estado de Energía, y el Consejo Rector.
Los órganos ejecutivos serán la Dirección -que tiene rango de dirección general-, la Gerencia y la Subdirección General de Estrategia y Planificación.
Además, tendrá un Consejo Asesor, integrado por representantes de departamentos ministeriales, comunidades autónomas, entidades locales y representantes de la sociedad civil, cuya función principal será dar asesoramiento y evaluar el impacto de las políticas de transición justa que pondrá en marcha el Instituto.