Madrid, 12 mar (.).- El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes que el ICO, el Instituto de Crédito Oficial, pueda "acompañar" a los bancos en la refinanciación y reestructuración de la deuda de las empresas más afectadas por la crisis y con ese fin ha creado una nueva línea de avales de 3.000 millones de euros.
Además, ha acordado extender hasta el 31 de diciembre el plazo para solicitar préstamos con aval del ICO, una medida adoptada poco después de la declaración de la pandemia y que ha permitido a los bancos conceder más de 121.000 millones a autónomos y pymes.
Según ha explicado en rueda de prensa la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, estas medidas extraordinarias se incluyen en el real decreto-ley aprobado este viernes con 11.000 millones de euros en ayudas directas a empresas.
En el caso concreto de la nueva línea para la reestructuración de deuda financiera con aval del Estado, dotada con 3.000 millones, podrán recurrir a ella aquellas empresas que previamente recibieron préstamos con avales del ICO para sortear la crisis.
Todas estas empresas tienen encima de la mesa desde noviembre la posibilidad de extender hasta dos años el periodo de carencia del pago del principal y hasta ocho años el plazo de devolución de los préstamos, pero el Ejecutivo ha decidido ir más allá.
La banca y las empresas llevan semanas reclamando ayudas directas ante el retraso de una recuperación clara de la economía.
Según el análisis de la empresa que haga cada entidad financiera, se podrán acordar medidas para extender por un periodo adicional el plazo de vencimiento de los préstamos con aval público o, en segundo lugar, convertir esa deuda en préstamos participativos, lo que refuerza los recursos propios.
Como "medida de último recurso", se permite también la concesión de ayudas directas para reducir la financiación con aval público solicitada durante la pandemia.
Las ayudas podrán destinarse a las empresas que cumplan unos criterios que se establecerán por un posterior acuerdo de Consejo de Ministros y dentro de un proceso de renegociación acordado por los clientes con los bancos, que asumirán la parte proporcional de la reducción del préstamo, es decir, aplicará quitas a la deuda.
CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS
Para la articulación de estas medidas se aprobará un Código de Buenas Prácticas, de adhesión voluntaria por parte de las entidades financieras y otros organismos, similar al existente en el ámbito hipotecario, cuyo objetivo es favorecer una actuación "coordinada y eficiente" de los bancos en apoyo de empresas viables.
Según ha explicado Calviño se trata de que los bancos actúen de la misma manera con una empresa y no haya decisiones unilaterales que compliquen la situación.