Roma, 20 dic (.).- El Gobierno de Italia trasladó hoy a los sindicatos su voluntad de estudiar cualquier reforma del sistema de pensiones, siempre que sea sostenible y esté en regla con los criterios europeos y creó para ello un plan para empezar a hacerlo.
"Podemos trabajar sobre cualquier modificación siempre y cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad a medio y largo plazo y dentro del contexto europeo", afirmó el primer ministro Mario Draghi a los sindicados CGIL, CSIL y UIL, según fuentes gubernamentales.
A tal fin, el Gobierno ordenó impulsar "inmediatamente" un "método consultivo" que recoja las propuestas para reforzar el sistema de pensiones italiano, que desde hace años divide a la política nacional.
Este "proceso" se centrará en tres cuestiones clave para la reforma futura: las normas sobre jubilación flexible, es decir, la posibilidad e compatibilizar la pensión con un trabajo a tiempo parcial, las pensiones complementarias y la precariedad juvenil.
El ministro de Economía, Daniele Franco, el de Empleo, Andrea Orlando y el de Administraciones Públicas, Renato Brunetta, se ocuparán de coordinar a los partidos políticos, mientras que de los aspectos técnicos se encargará el subsecretario Roberto Garofoli y el jefe del Departamento de Coordinación de la Política Económica (DIOE) Marco Leonardi.
El secretario de la CGIL, Maurizio Landini, que la pasada semana organizó una huelga contra el Gobierno, acogió de buen grado la disponibilidad de debatir la reforma pero aseguró que no quiere un mero "ajuste" sino cambios de calado.
"Nos interesa una reforma que corrija todos los desajustes, errores, límites y desigualdades", sostuvo, para después poner entre sus prioridades la edad de jubilación en los 62 años con 41 cotizados, que se tenga en cuenta la esperanza de vida en cada sector o que ataje la precariedad para jóvenes y mujeres.
El ministro Orlando celebró "el inicio de un recorrido a través del diálogo" y que "puede contribuir a avanzar en los derechos de los trabajadores y trabajadoras".
La actual Ley de Presupuestos para 2022, que debe aprobarse en el Parlamento antes de que acabe diciembre, incluye la conocida como "Cuota 102", que permitirá durante todo ese año la jubilación a quien tenga 64 años de edad y haya cotizado durante 38.
El objetivo del Ejecutivo y de los agentes sociales es consensuar un nuevo mecanismo de cara al 2023, estructural, que no depende de leyes aprobadas a propósito cada poco tiempo.
Para ello, se tratará de reformar la conocida como Ley Fornero, el sistema introducido en 2011, en tiempos de austeridad impuestos por la crisis del euro durante el Gobierno tecnócrata de Mario Monti y que los sindicatos rechazan.
"Finalmente empezamos las obras de la Reforma Fornero para hacer nuestro sistema más flexible, igualitario y sostenible", declaró a los medios el secretario de CISL, Luigi Sbarra.