Madrid, 7 may (.).- El Gobierno ha modificado las leyes de navegación y de seguridad aéreas en busca de un uso más eficiente de los recursos públicos, al eliminar órganos innecesarios y simplificar procedimientos, ha anunciado este martes el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Puente ha explicado que el Ejecutivo ha dado luz verde al proyecto de ley que actualiza la normativa relacionada con la navegación y la seguridad aéreas que no aborda una revisión integral de ambas normas, sino que lo que hace es introducir modificaciones parciales que el Gobierno ha considerado imprescindibles e inaplazables.
Asimismo, se trata de un proyecto de ley que se hace contando con un amplio grado de consenso tanto con las administraciones territoriales como con la propia Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), por lo que el ministro espera que su tramitación sea "pacífica" y que salga adelante con una amplia aprobación por parte del Parlamento.
Puente ha precisado que ambas modificaciones para actualizar las principales leyes del sector aéreo ya mencionadas son "eminentemente técnicas" y conducen a un uso más eficiente de los recursos públicos, puesto que se eliminan órganos innecesarios y también se simplifican procedimientos.
En esencia, con esta modificación se persigue racionalizar, simplificar y reforzar la coherencia del régimen jurídico aplicable, aspectos como la planificación de los aeropuertos de interés general y la servidumbres aeronáuticas; el transporte aéreo internacional o las operaciones de bajo riesgo, así como el procedimiento para la obtención de las autorizaciones, certificaciones, licencias y otras habilitaciones para ejercicio de las profesiones aeronáuticas.
En relación con las modificaciones de la ley de navegación aérea, entre las principales novedades, ha destacado la creación de una comisión mixta medioambiental por aeropuerto de competencia estatal, sustituyendo las múltiples comisiones existentes con funciones que, en ocasiones, se solapan unas con otras.
De esta forma, se va a optimizar y coordinar mucho mejor todos los asuntos relativos al impacto ambiental de las infraestructuras, al disponer de un único órgano para integrar la participación de cada una de las administraciones competentes, ha resaltado.
Un ejemplo de ello es el aeropuerto madrileño de Barajas, que cuenta en este momento con cuatro comisiones con funciones que en realidad están vinculadas entre sí y pasará a contar con una sola.
Para el ministro, otro aspecto relevante es que, con este proyecto de ley, se integra el régimen de los planes directores de los aeropuertos de interés general y el de las servidumbres aeronáuticas, unificando el órgano competente para su adopción en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
De esta forma, lo que se consigue es garantizar coherencia entre la planificación y las servidumbres aeronáuticas, de modo que las limitaciones al planeamiento territorial y urbanístico se corresponden con las necesidades de navegación que sean "efectivas, reales y actualizadas".
Este proyecto de ley también incluye modificaciones relacionadas con la posibilidad de excepcionar y, así, flexibilizar determinados transportes aéreos -de emergencia o el privado de empresas como escuelas de aviación, trabajos técnicos o turismo deportivo-, favoreciendo el crecimiento de este sector, que, en este momento "está afectado por una normativa muy exigente y muy restrictiva", que realmente no guarda proporcionalidad con su actividad.
En cuanto a las modificaciones de la ley de seguridad aérea, ha hecho hincapié en dos aspectos principales, uno de los cuales es la simplificación de la tramitación para obtener o renovar licencias, certificados y autorizaciones, lo que va a conllevar la reducción de plazos (de 18 a 12 meses) y la mejora de la eficiencia de los recursos públicos.
El otro aspecto está relacionado con el régimen sancionador, con el que se refuerza la proporcionalidad de las infracciones contra la seguridad de la aviación civil, al graduarlas en función del riesgo, "cosa que no estaba en la actual normativa que contenía claros elementos de desproporción".
Es una norma que el Gobierno va a poner en marcha con la participación del resto de administraciones públicas, por lo que, para su redacción, se han realizado dos consultas públicas previas, así como dos trámites de audiencia e información pública.
Además, se ha dado traslado a las comunidades y ciudades autónomas y a la FEMP, atendiendo a la afectación del proyecto a sus respectivas competencias en materia de ordenación territorial y urbanística.