Madrid, 27 may (.).- El nuevo mapa concesional de las líneas de transporte de viajeros por autobús en el que trabaja el Ministerio de Transporte rebajará los precios de los billetes un 20 % y la duración de los trayectos en un 30 %, ha avanzado este lunes en el Senado el titular del departamento, Óscar Puente.
En este nuevo diseño, el Gobierno está dispuesto a ceder a las comunidades autónomas 25 millones de euros para que asuman la gestión del transporte público de viajeros por autobús que se produce en el seno de las propias comunidades, que en algunos casos ahora asume el Estado.
El ministro Puente ha explicado este lunes en una comparecencia para explicar las principales actuaciones del ministerio, que el nuevo mapa -que sustituirá al actual, en el que muchas de las concesiones llevan años caducadas- "requiere que se intensifique la colaboración con las comunidades".
Los gobierno regionales dispondrán, además de los 25 millones cedidos por el Estado, de otros 15 millones de euros por la explotación de líneas dentro de la propia comunidad, ha dicho.
El sector del transporte de viajeros por autobús está dividido sobre el modelo concesional, que apoya la asociación mayoritaria, Confebus, mientras que otras como Direbus y Anetra abogan por la liberalización, respaldada también por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
El sistema concesional que defiende el Ministerio de Transportes está ahora en revisión: en el ámbito estatal hay actualmente 77 contratos, que atienden 4.088 paradas en 1.837 municipios.
Un primer borrador de la consultora pública Ineco, elaborado en la legislatura anterior, rebajaba a 22 las concesiones estatales, con 3.285 paradas en 792 municipios.
Estas líneas de larga distancia estarían cubiertas por el Estado y se complementarían con los mapas de las autonomías para asegurar la conexión con los nodos principales de transporte, según ese documento.
La CNMC defiende un modelo liberalizado para las rutas rentables, de más de 100 kilómetros, que sería complementado con un servicio público en aquellas que no lo son para garantizar el derecho a la movilidad.