Madrid, 9 feb (.).- La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) calcula que el plazo medio de pago del sector privado fue de 72 días en 2021, 5 días inferior al de 2020, pero aún lejos de los 60 días establecidos en la ley para las operaciones comerciales entre empresas.
Las empresas que más tardan en pagar son las grandes, que suponen el 61 % de las morosas, de acuerdo con los resultados de la encuesta presentada este miércoles por el presidente de la plataforma, Antoni Cañete, que está realizada entre más de 800 empresas de todo el territorio y múltiples sectores.
Según ha destacado Cañete, solo 1 de cada 5 grandes empresas (20 %) paga dentro del plazo legal, mientras que un 38 % lo hace en un periodo de entre 60 y 90 días, y un 42 % paga a más de 90 días.
La tasa de morosidad también ha caído ligeramente en 2021, con un 4,8 % de impagos respecto al volumen total de facturación, cuando un año antes era del 5,4 %, si bien en 2019 se situaba en el 3,1 %.
No obstante, Cañete ha advertido de que sigue siendo una ratio muy elevada que puede poner en riesgo la viabilidad de las empresas si se encuentran con problemas de liquidez y que lo conveniente sería que se situara por debajo del 2,5 %.
En este sentido, un 27 % de los encuestados considera que su negocio sería inviable si se mantiene su situación de plazos de pago.
Para Cañete es relevante que el 92 % de los proveedores no exigió la indemnización legal por costes de recobro en caso de retraso o impago, y que el 83 % nunca o casi nunca reclamó a sus clientes morosos los intereses de demora, lo que achaca al temor a perder clientes.
Además, ha considerado especialmente grave que el 66 % de los encuestados reconozca que tiene acuerdos comerciales de pago por encima de los 60 días legales, que habitualmente son impuestos por las grandes empresas a sus proveedores más pequeños y que están expresamente prohibidos por ley.
De acuerdo con la encuesta, el 94 % de empresas considera necesaria la implantación de un régimen sancionador para quienes incumplan.
Para Cañete es "vergonzoso" que las propuestas de ley para un régimen sancionador que han pasado por el Congreso se hayan metido "en el congelador", tras lo que ve una "presión clarísima" de las grandes empresas al Gobierno, aunque ha confiado en que en breve se pueda reactivar una iniciativa legal al respecto.
La PMcM reclama que exista una mediación en los impagos antes de llegar a las sanciones, que las multas se establezcan en función de la gravedad -valorada por el tiempo de retraso y el importe adeudado-, que se ponga en marcha un observatorio que vigile los periodos de pago en el sector privado y que se publique el nombre de las empresas más morosas.
Según el informe, en el sector público el plazo medio de pago fue de 61 días en 2021, un registro inferior en 15 días al estimado para 2020, si bien se trata del doble respecto los 30 días que establece la ley para las administraciones públicas.
En el 48 % de los casos el retraso corresponde a la administración local; en el 33 %, a la administración regional; y en el 19 %, a la administración central.