Mar Gonzalo
San Juan, 18 jun (EFE).- A falta de menos de dos semanas del inicio del nuevo ejercicio fiscal, el próximo presupuesto de Puerto Rico avanza en andadura por el Legislativo local, que también tramita de urgencia otras medidas para atender la urgente necesidad de liquidez del Gobierno de la isla.
Así, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes presentó hoy su informe positivo sobre el presupuesto de 9.640 millones de dólares, que destina más de 1.500 millones al pago de la deuda y establece recortes de 675 millones, por lo que esa cámara podría aprobarlo mañana y facilitar así su paso al Senado.
El presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló, confirmó hoy que seguramente el presupuesto será aprobado el viernes y apuntó que se han reducido los recortes en las aportaciones a las organizaciones sin fines de lucro y aumentado otros para mantener así la cifra de 675 millones propuesta por el Gobierno.
El próximo 25 de junio será el último día en que se podrán aprobar medidas legislativas en este ejercicio fiscal, que acaba el 30 de junio.
Por ello el Ejecutivo quiere también que el Legislativo se apreste a impulsar las medidas que establecen una reorganización del Departamento de Hacienda y la creación de una Oficina del Administrador de Rentas Internas, con el ánimo de aumentar la eficiencia y capacidad recaudatoria de cara a un nuevo ejercicio en el que todo ingreso al erario público será muy bien recibido.
El propio secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, reconoció hoy que este departamento arrastra serias deficiencias recaudatorias desde hace 30 años.
"Pregunto (a los empleados) cuáles son mis cuentas por cobrar y no me saben decir. En Hacienda no hay plan de trabajo, no se rinden cuentas, no se sabe qué pagos están atrasados; no se sabe nada y eso no es de ahora", lamentó en una vista legislativa sobre un departamento que dijo es como "un paciente en estado crítico".
El Gobierno también tiene la esperanza de que antes del 25 de junio se apruebe el proyecto que permitirá a las corporaciones públicas invertir en notas de anticipación de impuestos (TRANs) emitidas por el Ejecutivo.
Con ello se pretende dar liquidez con urgencia al Banco Gubernamental de Fomento (BGF), el brazo financiero del Gobierno, ya que, de lo contrario, se quedarán sin fondos antes de que concluya el primer trimestre del nuevo año fiscal (30 de septiembre), lo que puede llevar a un cierre gubernamental.
Según los propios responsables del BGF estos problemas de liquidez vienen de haber concedido préstamos a la entidades públicas sin garantías de reintegro, pero también de una falta de eficacia y productividad, una excesiva burocracia y una acumulación de derechos adquiridos por los trabajadores.
De hecho, hoy se dio a conocer que el BGF incluso pagaba el lavado y planchado de los uniformes de sus empleados y las horas extra se cobraban al triple de lo normal.
En paralelo, el Gobierno continúa con sus esfuerzos para lograr que Washington permita a las corporaciones públicas de Puerto Rico declararse en bancarrota y acogerse a la protección de la Ley federal de Quiebras, algo que en la actualidad no se permite debido al estatus político de este Estado Libre Asociado a EE.UU.
El gobernador puertorriqueño, Alejandro García Padilla, reconoció el miércoles que incluso sopesó pedir autorización para declarar en quiebra al conjunto del Estado, aunque luego desechó esa idea.
Si se siguen "tomando medidas responsables no habría que hacerlo", dijo en una rueda de prensa ante los crecientes temores de que no se pueda seguir pagando la deuda, que supera los 72.000 millones de dólares y asfixia una economía en crisis desde hace casi una década.
Además, "sería poco menos que imposible" que Washington accediera a permitirlo, reconoció el propio gobernador, que la semana pasada estuvo en Washington tratando de conseguir apoyos para que la isla sea considerada un estado más de EE.UU. a efectos de la Ley federal de Quiebras, lo que permitiría a sus compañías públicas declararse en bancarrota.
Lo que sí se ha logrado aprobar ya -tras meses de debate en el Legislativo- es una subida generalizada de impuestos sobre bienes y servicios del 7 % al 11,5 % y que se empiecen a grabar los servicios profesionales al 4 %, a partir del nuevo año fiscal, una polémica medida con la que se esperan recaudar 1.200 millones de dólares más.