MADRID (Reuters) - El Tribunal Supremo español ha pedido alegaciones sobre la posible inconstitucionalidad de varios puntos de la reforma energética del actual Gobierno, como el de la retroactividad en los recortes a las primas renovables.
El nuevo marco retributivo de las renovables fue uno de los ejes del Gobierno del Partido Popular en una reforma energética diseñada con el principal objetivo de acabar con el denominado déficit de la tarifa eléctrica, un desequilibrio entre los costes e ingresos regulados del sistema en el que las primas al régimen especial jugaron un factor diferencial.
En una providencia conocida el martes, la sala de lo contencioso-administrativo pregunta al Ministerio Fiscal y a las partes involucradas en 30 de los casi 400 recursos presentados contra la reforma si procede plantear una cuestión de inconstitucionalidad a las normas aprobadas en 2013, que recortaron la retribución de instalaciones renovables existentes.
En el escrito, el Supremo -que da diez días para presentar las alegaciones oportunas- pregunta si "la aplicación del nuevo régimen retributivo específico a las instalaciones preexistentes puede vulnerar el artículo 9.3 de la Constitución sobre los límites a la retroactividad de las normas y a los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima".
El alto tribunal menciona varios apartados del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio y la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, normas que resultaron en la aplicación de los recortes con carácter urgente antes del desarrollo completo de la ley en 2014.
En este sentido, el Supremo pide información sobre la posible inconstitucionalidad de unas normas que no fijaron un régimen transitorio y generaron un periodo de incertidumbre hasta la promulgación completa de la reforma en junio de 2014, abocando a las empresas "a desarrollar su actividad sin conocer el régimen jurídico y retributivo que se les iba a aplicar en ese período intermedio".
La aplicación retroactiva de los recortes provocó un aluvión de recursos de inversores en España contra la reforma, mientras que los inversores extranjeros, entre ellos grandes fondos, optaron por presentar cerca de una veintena de arbitrajes internacionales en el Ciadi, organismo dependiente del Banco Mundial.