Bruselas, 22 dic (.).- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avaló este jueves la ley italiana que obliga a plataformas como Airbnb a entregar a las autoridades tributarias información sobre los contratos de arrendamiento de corta duración e ingresar a Hacienda el impuesto del 21 % al que están sometidos esos contratos.
En su sentencia, la máxima corte de la UE, señala que estas medidas italianas no se oponen a las normas comunitarias que prohíben restringir la libre prestación de servicios dentro del bloque, recogida en el artículo 56 del Tratado de Funcionamiento de la UE.
En 2017, Italia aprobó un nuevo régimen fiscal para los arrendamientos inmobiliarios de corta duración que prevé que las rentas derivadas de los mismos estén sometidas a una retención fiscal del 21 % y que los datos relativos a los contratos deben transmitirse a la Administración tributaria, algo que corresponde hacer a los intermediarios del contrato, incluidos los portales en línea, cuando los haya.
La plataforma estadounidense Airbnb recurrió a los tribunales italianos para anular la decisión, que a su vez decidieron consultar al TJUE sobre la interpretación de algunas disposiciones del derecho comunitario.
En su sentencia, la corte aclara que su examen se limita a comprobar si las medidas italianas limitan la prestación libre de servicios dentro de la UE, ya que al ser normas de fiscalidad -competencia sobre todo estatal- algunas directivas europeas invocadas por Airbnb no se aplican.
En este sentido, argumenta que la obligación de que los intermediarios tengan que recoger y comunicar a las autoridades fiscales datos de los contratos respeta la libre prestación de servicios puesto que se impone a todos los intermediarios, ya sean personas físicas o jurídicas, residan o no en territorio italiano y operen por vía digital u otros medios.
Tampoco es contraria a la legislación comunitaria la obligación de retener el impuesto en la fuente puesto que se aplica a todos los intermediarios, tengan residencia o no en Italia.
Por el contrario, el TJUE ve ilegal que se obligue a los intermediarios inmobiliarios que no dispongan de establecimiento permanente en Italia a designar un representante fiscal en este país, algo que también está incluido en la ley italiana, puesto que podría actuar como un obstáculo para disuadirles de prestar sus servicios en Italia y constituye por tanto una restricción a la libre circulación de capitales.
La corte con sede en Luxemburgo ya se había pronunciado el pasado abril también en contra del recurso de Airbnb contra una ley belga que le obligaba a proporcionar información tributaria.
Corresponderá ahora a los tribunales italianos resolver el recurso de la plataforma en Italia siguiendo la línea marcada por el TJUE, cuyas sentencias son vinculantes en todos los Estados miembros de la UE.
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