Barcelona, 15 dic (.).- El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha resuelto los recursos promovidos por la antigua Aigües Ter-LLobregat (ATLL) en el caso del intento fallido de privatización y obliga a la Generalitat a devolverle 304,4 millones de euros.
El contencioso se originó en 2012 tras la adjudicación por parte de la Generalitat a un consorcio liderado por Acciona (BME:ANA) de la gestión de Aigües Ter-Llobregat, que fue impugnada por el grupo Agbar, lo que provocó un conflicto que acabó con la anulación de la adjudicación por parte de los tribunales y la reclamación de una indemnización a la Generalitat.
El consorcio de Acciona llegó a pedir una compensación de más de 1.000 millones por la adjudicación fallida, pero no llegó a ningún acuerdo con la Generalitat.
La sala de lo contencioso administrativo ha dictado este jueves tres sentencias en los recursos promovidos por ATLL contra el departamento de Territorio y Sostenibilidad y le reconoce el derecho a estos 304 millones, que se desglosan en 262,8 millones como canon no amortizado; 38,2 millones como inversiones realizadas no amortizadas; y 3,37 millones como costes de licitación y constitución, según ha informado el TSJC.
Los antecedentes inmediatos de estos recursos son la anulación en vía jurisdiccional de la adjudicación del contrato por tres sentencias del 22 de junio de 2015, confirmadas por el Tribunal Supremo en 2018.
En ese momento, el TSJC recuerda que el conseller de Territorio y Sostenibilidad resolvió que el contrato de gestión del servicio de abastecimiento de agua en alta Ter-Llobregat había quedado anulado y que entraba en fase de liquidación.
Por un decreto ley del 2018 se dispuso la asunción de la gestión directa del servicio de abastecimiento de agua a poblaciones por medio de las instalaciones de la red de Ter-Llobregat de titularidad de la Generalitat por el Ente de Abastecimiento de Agua Ter-Llobregat (ATL).
El TSJC, en su primera sentencia dictada hoy, anula las resoluciones que habían aprobado la liquidación provisional y definitiva del contrato de gestión del servicio de abastecimiento de agua y reconoce a la ATLL su derecho a obtener esta suma final de 304 millones.
En la segunda sentencia, el alto tribunal anula el acto del conseller que había declarado la finalización de la prestación efectiva y reconoce el derecho de ATLL a ser retribuida "por la prestación efectivamente realizada y facturada" durante los meses de enero y febrero de 2019.
La tercera sentencia estima el recurso interpuesto por ATLL contra la resolución que había denegado la devolución de la garantía definitiva del contrato de gestión de 2012, se reconoce su derecho a ella y a ser "resarcida" de los gastos de mantenimiento del aval.