Marbella (Málaga), 29 jul (.).- Al grito de 'Guadalpín no se cierra', un centenar de empleados de este hotel cinco estrellas de Marbella, cerrado parcialmente desde el pasado 11 de julio, se han concentrado este lunes a las puertas de las oficinas centrales de Caja Rural de Granada, para defender sus puestos de trabajo.
Desde el comité de empresa han acusado a la entidad financiera, uno de los propietarios del establecimiento que junto al fondo de inversión SPV Spain ha propiciado el cierre de instalaciones esenciales para el correcto funcionamiento del hotel en plena temporada, de querer especular.
Mientras el grueso de los empleados se concentraba ante la sede principal de esa caja, otra representación de los trabajadores se ha apostado, como hacen cada día desde la semana pasada, junto a la entrada de la sucursal que esta entidad bancaria tiene en Marbella.
Las movilizaciones continuarán hasta que el presidente de la entidad reciba al comité de empresa, según ha explicado a EFE su presidenta, Jackelin Largacha, petición que le hicieron llegar por escrito la semana pasada.
Los empleados del Guadalpín Banús, que hacen frente a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por causas de fuerza mayor, no entienden qué motiva a Caja Rural a actuar de esta manera.
"Se supone que es una entidad con marcado carácter social. Hasta lo pone en sus estatutos", ha señalado Largacha.
Inmerso en un complejo litigio judicial, dos de los propietarios mayoritarios del hotel, Caja Rural y SPV Spain, han llevado a los tribunales su disputa y la titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga, María Jesús del Pilar, ordenó el precinto de zonas comunes y espacios básicos como cocinas, baños y restaurantes.
Desde la Junta de Andalucía han pedido a Caja Rural y a SPV Spain que restituyan "el uso hotelero de toda la finca" y que reabran las instalaciones cerradas, dando así cumplimiento a Ley del Turismo de Andalucía.
El cese de servicios clave para el correcto funcionamiento de un hotel cinco estrellas "perjudica directamente tanto a los 180 trabajadores del establecimiento como a sus clientes", a juicio de la Junta, que considera que contraviene "el principio de unidad de explotación" y entra "en colisión" con la misma ley.
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