Madrid, 12 mar (.).- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España tienen una deuda de casi 1.106 millones de euros pendiente de cobro por sanciones a las empresas y entidades que supervisan.
Así se extrae del último informe sobre el cobro de sanciones en entidades con funciones de regulación y supervisión en 2017 y 2018, aprobado por el Tribunal de Cuentas, que refleja la deuda por recibir que arrastraba cada organismo durante el último año con independencia de cuándo se impuso la sanción, y a la que contribuye que buena parte esté paralizada por recursos en vía judicial.
A tenor de las cifras, que datan de diferentes meses de 2020, los cuatro organismos llevaban recaudados cerca de 213 millones en sanciones impuestas entre 2017 y 2018, lo que supone un 44 % del total.
En el caso de la CNMC, entre 2017 y 2018 impuso 156 sanciones en el ámbito de la competencia a 132 infractores por 352,5 millones de euros, de los que había cobrado el 36 % a finales del pasado septiembre.
En el sector audiovisual dictó 17 resoluciones por 5,2 millones, de los que a 31 de enero había percibido el 56 %, mientras que en telecomunicaciones fueron 26, por 15,4 millones (el 24 % cobrados).
Más bajas fueron las sanciones impuestas en el sector postal, por 87.000 euros, de los que se llevaban recaudados apenas 4.300, en tanto que en la energía se dictó el máximo de resoluciones, 91, valoradas en 15,8 millones (el 51 % cobradas a 1 de mayo de 2020).
En el Banco de España se resolvieron 21 procedimientos sancionadores en el periodo fiscalizado que dieron lugar a 77 sanciones y tres medidas accesorias a 35 infractores.
El importe de las sanciones ascendió a 37,1 millones, de los que hasta el pasado septiembre se había cobrado el 80 %.
En líneas similares la AEPD, que impuso 982 sanciones por 30,5 millones, con una recaudación efectiva del 85 %.
Finalmente, la CNMV resolvió 39 procedimientos que se saldaron con 66 sanciones cifradas en 23 millones, cantidad de la que había recibido el 68 % hasta el pasado noviembre.
DEUDAS PENDIENTES
El informe también refleja las deudas pendientes de cobrar por estos organismos vinculadas a sanciones con independencia del ejercicio en el que fueron impuestas.
En este apartado, destaca la presentada por CNMC, 1.084,5 millones de procedimientos en sus diferentes ámbitos de competencia, de los que más del 87 % (unos 943 millones) estaban suspendidos judicialmente.
La AEPD tenía derechos pendientes de cobro superiores a 10,3 millones a 31 de enero de 2020, cuantía que se rebajaba a los 5,6 millones en el caso del Banco de España a 15 de septiembre y en torno a los 5,3 millones en la CNMV a 31 de julio.
ALTA LITIGIOSIDAD EN .PETENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS
Durante el periodo analizado, la litigiosidad fue especialmente elevada y compleja en el ámbito de la competencia, lo que dio lugar a 235 sentencias de la Audiencia Nacional y 64, del Tribunal Supremo.
El importe de las sanciones recurridas por la vía judicial pendiente de resolución ascendía a 1.202,7 millones a finales del pasado septiembre, mientras que las sanciones aún sin cobrar estaban valoradas un mes después en casi 1.012,5 millones (de los que 889,1 millones estaban suspendidos judicialmente).
Este periplo por los juzgados también fue notable en el caso de la actividad sancionadora de la AEPD, con 128 recursos pendientes contra sus sanciones.
Situación que contrasta con la actividad del Banco de España y de la CNMV, con pocos recursos por resolver, que estaban mayoritariamente ya cobrados; por lo general, los resueltos confirmaron los criterios de ambos organismos.
Los ingresos derivados de las sanciones de la CNMC, el Banco de España y la CNMV no son fondos propios de esas entidades, sino del Tesoro Público, donde deben ingresarse. Sin embargo, los generados por la AEPD son recursos propios.
El informe recomienda, entre otras cosas, a los organismos plantear en las organizaciones internacionales la posibilidad de establecer sistemas de colaboración con entidades homólogas en otros países para mejorar los sistemas de gestión de cobro de sanciones a residentes en el extranjero sin domicilio fiscal en España.