Madrid, 21 sep (.).- El Gobierno español estudia "jurídicamente" las posibilidades de recurrir la decisión de la Comisión Europea (CE) de cerrar a la pesca de fondo 87 zonas del Atlántico noreste, pero no ha tomado una decisión aún, según la secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz.
La secretaria general de Pesca ha declarado este miércoles a la prensa que los servicios jurídicos de los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación, y de Asuntos Exteriores están valorando la posibilidad de impugnar la decisión, pero antes están realizado análisis para que en caso de presentar un recurso "se haga con todas las garantías".
Villauriz se ha reunido con los representantes la flota y de las autonomías afectadas por la decisión de Bruselas, que supondrá el cierre a las artes de fondo, el próximo 9 de octubre, en 87 zonas consideradas vulnerables, lo que afecta a flotas como las del Golfo de Cádiz, Gran Sol (Irlanda) o Cantábrico.
Según cálculos del sector, la veda puede afectar a 500 barcos y 2.500 pescadores.
La secretaria general de Pesca ha rechazado la decisión de la CE por su impacto en el sector y por la forma "incorrecta" en que se ha tomado, sin consultas ni tener en cuenta las informaciones oficiales enviadas por España.
Sin embargo, a la hora de pensar en un recurso, tal y como solicitan desde el sector y algunas comunidades autónomas, Villauriz ha detallado que se debe considerar que la prohibición se ha dictaminado dentro de un "acto de ejecución" de la CE.
En esa clase de actos, el Ejecutivo comunitario no tiene que consultar antes a otras instituciones de la Unión Europea (Consejo o Parlamento Europeo), lo que puede ser una dificultad a la hora de llevar la decisión a los tribunales.
Villauriz ha reiterado el compromiso con el sector del Gobierno español, quien llevará el asunto al Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca del próximo lunes, en Bruselas, además de "urgir a la CE" a que se actúe cuanto antes y se corrijan las zonas ahora declaradas en veda.
Aparte, el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM o ICES, en sus siglas en inglés) -organismo científico que asesora a la CE- tiene que presentar un informe en noviembre, que podría contribuir a una revisión y a una regulación "menos lesiva" para la flota, según Villauriz.
Sin embargo, ha advertido de que el 9 de octubre entra en vigor la decisión, por lo que los pescadores deben cumplir la ley.
A la reunión han asistido representantes de los armadores, de las cofradías y de las autonomías peninsulares del Atlántico (Andalucía, Galicia, Cantabria, Asturias y País Vasco).
En nombre de la patronal de armadores Cepesca, Iván López ha declarado a Efe que la reunión "ha reafirmado" la unión entre el sector pesquero y las administraciones afectadas a la hora de rechazar unánimemente la decisión de la CE.
López, presidente de la Alianza Europea de Pesca de Fondo (EBFA, en sus siglas en inglés), ha explicado que dicha decisión genera una gran confusión y que incluso puede provocar "cuatro aplicaciones diferentes", una por país afectado (España, Irlanda, Francia y Portugal).
Además, afecta a la pesca en "polígonos" entre los 400 y 800 metros de profundidad, lo que, ha añadido, es problemático porque hay flotas que faenan en una zona con distintas profundidades, por encima y debajo de los 400.
López ha señalado que las asociaciones y las comunidades autónomas han pedido al Gobierno el "máximo esfuerzo" y explorar todas las vías legales para promover la suspensión cautelar de la norma.
Además, los armadores continuarán con sus actuaciones para recurrir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) las vedas.