Madrid, 21 sep (.).- Diferentes analistas energéticos coinciden en advertir del peligro que supone que las nuevas inversiones en infraestructuras de gas que se están planteando, como la del gaseoducto MidCat, den lugar a activos varados en el futuro que obliguen a los usuarios a asumir los costes.
Así lo recogen los informes del profesor del departamento de Economía y Empresa de la Universidad Pompeu Fabra, Albert Banal-Estañol; y de la analista energética del Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA), Ana María Jaller-Makarewicz, presentados este miércoles en Madrid.
Ambos estudios coinciden en resaltar que las decisiones de inversión en plantas de gas natural licuado y gaseoductos transfronterizos acordados durante la primera década de 2020 provocaron una inflación del valor de los activos regulados y, por lo tanto, de las tarifas de los consumidores.
De hecho, el exceso de capacidad producido como consecuencia de esas decisiones ha llevado a tasas bajas de utilización de las infraestructuras gasistas en España, por lo que los expertos coinciden en la necesidad de establecer medidas que impidan que algo así se repita.
En concreto, Banal-Estañol cree que existe "un riesgo importante de que se repita el error de construir infraestructura en exceso", por lo que ha pedido a los reguladores que garanticen que esto no ocurra en el futuro.
Por su parte, la responsable de proyectos de la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), Paz Serra, cree que es una "irresponsabilidad" seguir hablando del MidCat (un gasoducto entre España y Francia), cuya construcción defiende el Gobierno español, mientras que el francés la rechaza.
Con respecto a la infraestructura y el marco regulatorio actuales del gas en España, el estudio de Banal-Estañol concluye que el país va rezagado en la aplicación de mejores prácticas respecto a Francia y a Reino Unido.
Además, el texto pone de manifiesto que, a diferencia de España, ambos países han alcanzado sus objetivos de infraestructura consiguiendo un reparto de riesgos más equilibrado entre los inversores privados, el Gobierno y los consumidores.
El informe recomienda modificar el proceso de toma de decisiones que se utiliza para realizar las inversiones en infraestructuras con el fin de que sea más transparente, que los proyectos se sometan a un gran escrutinio y que se mejore el equilibrio de riesgos entre inversores privados, Gobierno y consumidores.
Asimismo, pide implementar alguna forma de supervisión para evaluar la decisión de clasificar un activo como varado y actuar con prudencia, dando prioridad a la inversión en infraestructura para el gas renovable de los clústeres industriales.
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