Sevilla, 13 may (.).- La limitación al precio del gas que se emplea para la generación eléctrica, que ha aprobado este viernes el Gobierno, volverá a situar la tarifa eléctrica semirregulada -PVPC- muy por debajo de las ofertas del mercado libre, según Facua, que, no obstante, considera insuficiente esta medida.
Aunque la medida acordada por los gobiernos de España y Portugal con la Comisión Europea es a juicio de Facua insuficiente y la factura eléctrica "seguirá siendo desprorporcionadamente alta", el denominado Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) será menos caro que el conjunto de tarifas del mercado libre, vaticina la organización de consumidores en un comunicado.
De hecho, en la actualidad, sin que la medida que ha aprobado este viernes el Consejo de Ministros esté todavía vigente, la mayoría de ofertas analizadas por Facua en el mercado libre son más caras que el PVPC.
Según los cálculos de Facua a partir de las tarifas aplicadas del 1 al 13 de mayo, el usuario medio con PVPC pagaría una factura mensual de 121,97 euros y ese mismo usuario -consumo de 366 kWh mensuales y potencia contratada de 4,4 kW- tendría un recibo más caro al contratar las actuales tarifas de precio estable de Repsol (BME:REP), CHC Energía, Holaluz, Gana Energía y TotalEnergies.
En el caso de las tarifas que ofrecen ahora Iberdrola (BME:IBE), Endesa (BME:ELE) y Naturgy (BME:NTGY), las subidas que han aplicado en los últimos meses las sitúan ya muy cerca de los precios del PVPC.
Según Facua, en cuanto entre en vigor el tope al gas, la tarifa semirregulada pasará a ser más económica que estas ofertas.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde este viernes a la limitación al precio del gas que se emplea para generación eléctrica, un mecanismo que permitirá rebajar la factura de la luz cerca de un 30 % para los consumidores acogidos a tarifas indexadas al mercado mayorista (pool).
Facua insiste en que esta medida reducirá la factura eléctrica con respecto a las de los últimos meses, pero seguirá sin garantizar que las familias españolas "paguen tarifas razonables y libres de la especulación a la que da lugar el modelo de subasta eléctrica marginalista".
Por ello, reclama al Gobierno que defienda en Bruselas poner fin al sistema de fijación de precios vigente desde hace décadas, que provoca que los consumidores paguen toda la electricidad al altísimo precio de la última tecnología de generación que entra en la subasta.
Asimismo, la asociación exige una reforma de calado del bono social eléctrico, de manera que millones de familias puedan beneficiarse de estos descuentos en la factura, ya que "sólo 1,3 millones de puntos de suministro tenían bono social".