MADRID (Reuters) - El Gobierno español dijo el miércoles que pretende compensar el próximo año a las víctimas de la talidomida, un fármaco que provocó malformaciones en bebés en las décadas de 1950 y 1960, mediante una partida en los presupuestos públicos de 2018.
"Estamos trabajando para que en la parte de los presupuestos de este año (para 2018) ya se contemple una partida presupuestaria específica", dijo el secretario general de Sanidad y Consumo, José Javier Castrodeza, en una rueda de prensa tras una reunión con los afectados.
El Ejecutivo elaborará primero un registro con el número de personas afectadas en España por el fármaco, para después valorar su discapacidad y decidir en qué medida las indemniza.
La talidomida, que se comercializó en los años 50 y 60 bajo marcas como Contergan y Distaval, se fabricó primero por el grupo privado alemán Grünenthal y se vendió internacionalmente a mujeres embarazadas para tratar las náuseas.
Afectó a alrededor de 10.000 de bebés en diferentes países, causándoles desde malformaciones en las extremidades a la carencia de brazos o piernas, así como problemas cardiovasculares, auditivos o visuales.
Mientras que en otros países como Alemania o Reino Unido las víctimas han recibido amplias compensaciones, en España hasta ahora solo 24 afectados por el fármaco han recibido algún tipo de indemnización por parte del Gobierno.
La asociación española de víctimas de la talidomida (Avite), que considera que existen actualmente unos 300 afectados en España, acudió a los tribunales, pero su caso se consideró prescrito y no recibieron indemnización alguna por parte de la farmacéutica Grünenthal.
Agotada la vía judicial incluso en la UE, Avite propuso al Gobierno una pensión mensual de entre 400 y 4.000 euros para cada afectado, según su grado de discapacidad, e indemnizaciones de entre 200.000 y 800.000 euros.
"Es lo único que nos queda, la decisión política. Que por fin quieran ayudarnos, porque es lo único que nos queda", dijo el miércoles José Riquelme, presidente de Avite.
El Congreso, en el que el gobernante Partido Popular está en minoría, aprobó una proposición no de ley el año pasado a iniciativa de su socio de investidura, Ciudadanos, que exigía que se indemnice a todas las víctimas como muy tarde a lo largo del próximo año.
No fue posible obtener un comentario inmediato de Grünenthal sobre la decisión del Ejecutivo español.