Santiago de Compostela, 9 mar (.).- Galicia, Andalucía, Castilla y León, Madrid y Murcia han hecho un frente común para solicitar al Gobierno central que modifique la normativa del bono alquiler para jóvenes con el fin de “dar seguridad a la gente joven que quiera acceder a esta ayuda, así como a las comunidades autónomas”.
Así lo expusieron este miércoles los representantes autonómicos durante la reunión de la Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo, convocada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en la que por parte de la Xunta participó la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, informa el Gobierno gallego en un comunicado.
Los responsables de vivienda de las cinco comunidades requirieron al Ministerio que concrete la definición de esta medida para “evitar su maraña burocrática” en aspectos como las rentas de alquiler, las rentas máximas de los solicitantes, y los documentos que acrediten la residencia en la vivienda o habitación.
Consideraron “improvisada y enrevesada”, señala la Xunta, la puesta en marcha del Bono por parte del Gobierno central, y lamentaron que "no contase con la opinión de las comunidades autónomas, ni tampoco con el Consejo de Juventud, antes de aprobar esta medida. Salió adelante con relaciones mínimas e imposiciones máximas”, dijeron.
Asimismo, consideran que se trata de un modelo que generará un efecto inflacionista en los alquileres y no resolverá el problema, además de solicitar que se aclaren aspectos clave del Bono que aún no están definidos, tales como el procedimiento de gestión, los supuestos en los que se comparte piso, o la movilidad entre comunidades autónomas, entre otros.
Los representantes de estas cinco autonomías también solicitaron al Gobierno central el desarrollo de una herramienta informática de gestión que permita a todas las administraciones el traspaso de datos en caso de movimientos a otras autonomías por parte de los solicitantes.
Por otra parte, según la Xunta, los representantes autonómicos reprocharon la falta de asunción por parte del Gobierno de las sugestiones planteadas por las autonomías durante la elaboración del nuevo Plan estatal de vivienda 2022-2025, que calificaron de “ideológico y que unicamente satisface a sus socios de coalición, empeñados en reeditar un modelo intervencionista que no funcionó en ningún lugar donde se aplicó”.