Madrid, 7 oct (.).- Tanto los funcionarios como las tres aseguradoras que les dan cobertura médica a través de Muface confían en que el Gobierno apruebe mañana una subida de la dotación que reciben esas empresas superior a la propuesta inicial del 14 % y advierten de que, de lo contrario, el sistema se puede ir a pique.
El presidente del sindicato de funcionarios CSIF, Miguel Borra, ha confiado en que el Gobierno mejore su propuesta de subir la dotación económica del convenio un 14 %, porque si no el sistema "morirá de inanición" por la falta de financiación.
"Esperemos que el Gobierno recapacite y ofrezca un solución", ha dicho este lunes Borra en declaraciones a TVE, donde ha defendido que al Estado le sale más barato aumentar el presupuesto del convenio de asistencia sanitaria de Muface que asumir el sobrecoste que para el sistema nacional de salud supondría absorber a los 1,5 millones de funcionarios que ahora están en la sanidad privada.
Aunque el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública se limita a apuntar que la aprobación de las bases del concierto que regirá a partir del 2025 es inminente, sin concretar más, las fuentes consultadas por EFE aseguran que éstas ya han pasado por la Comisión de Subsecretarios y apuntan que lo más probable es que el Consejo de Ministros lo apruebe mañana mismo.
El sector estará muy pendiente de si efectivamente se aprueban mañana las bases y, sobre todo, de la prima establecida, algo que, sin embargo, podría no trascender hasta el miércoles, cuando el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaría las condiciones detalladas del concierto sanitario que entrará en vigor en 2025.
Lo que ocurra con Muface se traslada a las otras dos mutualidades de funcionarios públicos, la de Mugeju, para el ámbito judicial, y la de Isfas, la de los militares.
Las aseguradoras pierden 200 millones cada año
Las tres empresas prestatarias del servicio llevan tiempo advirtiendo de que este contrato es altamente deficitario, y según un estudio encargado por el sector, supone unas pérdidas conjuntas de 200 millones de euros al año entre 2022-2024 (los tres años del actual concierto).
A grandes rasgos, SeguroCaixa asegura a través de Muface a más de medio millón de personas; Asisa a unos 364.000 y DKV a unos 200.000. Además, hay casi 460.000 funcionarios que eligen la sanidad pública.
En el sector hay inquietud porque los plazos son ya muy justos para convocar el concurso, resolverlo y aplicarlo, puesto que a final de este año vence el actual concierto y en enero de 2025 los mutualistas tienen que decidir si apuestan por la sanidad pública o por alguna de las aseguradoras que haya ganado el concurso con Muface.
Si para entonces no se ha cerrado el concurso, los cerca de 1,7 millones de personas que ahora están atendidos por las mutualidades pasarían a la sanidad pública, lo que podría poner en graves aprietos para atender ese aumento de la carga de trabajo para un sistema que ya de por sí está sobrecargado, particularmente en comunidades como Madrid, donde ya está muy saturado y donde se concentra el mayor número de funcionarios.
Al mismo tiempo, también pondría en riesgos centros sanitarios, infraestructuras y empleos que dependen de la atención sanitaria privada.
De hecho, y según cálculos de la Fundación IDIS, que representa a la sanidad privada, la desaparición de la cobertura de las aseguradoras tendría un coste anual de 1.214 millones para la Administración y supondría por ejemplo la necesidad de sumar 3.975 nuevas camas en el sistema público.
Reclaman al menos una subida del 25 % para 2025
El Estado inicialmente había propuesto elevar la prima un 25 % en dos años, muy lejos del 38 % que el sector calcula que sería necesario sólo para que la prestación del servicio no fuera deficitaria.
En este sentido, fuentes de las aseguradoras implicadas explican a EFE que la subida del 38 % sería sólo para cubrir costes operativos -no los administrativos y de otro tipo- y dicen estar abiertas a asumir una subida inicial por ejemplo del 25 % el primer año, siempre que el segundo se aplicara otra del entorno al menos del 10 %.
Ese 25 % es precisamente la cantidad que en su día el Estado reconoció que era necesario elevar la prima para que las aseguradoras no perdieran tanto dinero, siempre según las fuentes consultadas por EFE, y se planteó elevar un 24 % en 2024 y un 1 % en 2025.
Sin embargo, en la reunión que las partes mantuvieron el pasado 27 de septiembre, desde el Ministerio de Función Pública se vino a transmitir al sector que, por razones macroeconómicas ajenas a su departamento, no se podía elevar la prima más del 14 % (13,7 % el primer año y un 0,3 % el segundo), siempre según las fuentes consultadas.
Mientras que DKV (filial de la alemana Munich Re (BIT:MUV2), la mayor reaseguradora del mundo) ha reclamado en alguna ocasión una revisión de hasta el 40 %, desde SegurCaixa Adeslas -que da cobertura a casi el 50 % de los mutualistas que eligen la cobertura privada- y desde Asisa -controlada por una cooperativa de médicos- ven necesario un incremento contundente que les permita reducir considerablemente las pérdidas que este servicio les acarrea.
Las tres, que son las tres únicas que aún están dispuestas a ofrecer un servicio que antaño era facilitado por muchas más aseguradoras, han venido a decir de una o otra manera que si la subida ronda ese 14 % en dos años, podrían no presentarse al concurso, que quedaría desierto.
La dotación actual es equivalente a 984 , mientras que la que se destina en la sanidad pública es de 1.608 euros. Con el incremento que propone el Estado se alcanzarían en dos años los 1.117 euros.
La incógnita del horizonte temporal
Otra incógnita es el horizonte temporal, puesto que este concierto no tiene un plazo fijo. El vigente es de tres años y, tras las quejas de las aseguradoras, para el siguiente el Gobierno ha hablado de dos años (2024-25), aunque el sector preferiría incluso que fuera de un sólo año, dada la coyuntura de incertidumbre a nivel nacional e internacional.
De hecho, en 2021 se cerró un concierto que inicialmente iba a ser a dos años, pero que luego se prorrogó uno más. Cuando se negoció no se contaba con que en 2022 comenzaría la invasión rusa de Ucrania ni con que poco después se dispararía la inflación y los costes de la atención sanitaria.
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