Madrid, 1 jun (.).- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de Ley del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), que ha remitido al Congreso para su aprobación.
El Fondo establece un nuevo sistema de reparto de los costes regulados y se nutrirá de las aportaciones de las empresas comercializadoras de gas natural y electricidad, los operadores de productos petrolíferos y gases licuados del petróleo al por mayor y los consumidores directos de los productos anteriores.
Asimismo, el Fondo recibirá la recaudación de tributos de la Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética (unos 2.000 millones de euros al año) y los ingresos procedentes de las subastas de CO2 (unos 1.000 millones de euros en los últimos años).
Las aportaciones de los sectores energéticos se realizará mediante pagos trimestrales proporcionales a sus ventas de energía.
El objetivo total de recaudación y el reparto entre los distintos sujetos obligados se calculará cada año a partir de las estimaciones de ventas comunicadas por los agentes, una vez descontados los ingresos por tributos e ingresos de las subastas de dióxido de carbono (CO2).
El Ministerio para la Transición Ecológica estima que con este fondo el recibo eléctrico se podrá reducir al menos un 13 % (antes de impuestos) en cinco años para los consumidores domésticos.
La acción combinada del Fondo, que se desplegará en su totalidad en un periodo de cinco años, con la minoración del sobrebeneficio que obtienen las centrales eléctricas que no emiten CO2 cuyo anteproyecto se ha aprobado hoy, elevaría a un 15 % la disminución en el coste de la factura de la luz para un consumidor doméstico.
El Fondo introduce un nuevo sistema de financiación de los costes regulados y saca de la factura de la luz los costes asociados al régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y energía producida con residuos, que ascienden a entre 6.500 y 7.000 millones de euros anuales.
Los costes regulados de la electricidad en España ascienden a unos 17.000 millones al año -10.000 millones los de redes, que se sufragan con los peajes que aprueba la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), 7.000 millones los de las renovables y casi 3.000 millones van a la devolución de la deuda acumulada por el sistema eléctrico en el pasado-, a los que hay que añadir los entre 600 y 700 millones de extracostes peninsulares.
En el caso de la retribución a las renovables, suponen aproximadamente el 16 % del recibo eléctrico doméstico.
El Fondo también incluye exenciones y compensaciones para los sectores con menos capacidad de adaptación a este cambio.
Están exentos de contribuir al Fondo el consumo eléctrico para almacenamiento, el gasóleo agrícola, el gas natural para cogeneración y generación eléctrica, el gasóleo y gas natural para navegación y pesca (excepto embarcaciones de recreo), así como el porcentaje de mezclas de bios en combustibles y de gases renovables en el gas natural.
Asimismo, habrá bonificaciones por posibles costes indirectos para el gasóleo de usos profesionales, y la industria electrointensiva y consumidora de gas natural.
También se ha incluido entre los sectores con exenciones a los vehículos de alquiler con conductor (VTC), algo no previsto en el anteproyecto.
Otra modificación respecto al anteproyecto es que la liquidación de los sujetos obligados sea mensual y no trimestral para que el coeficiente de cobertura del sistema eléctrico tenga una senda más estable, según fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica, que estima que entre ocho, nueve o diez sujetos, que suponen más del 30 % de la cuota energética total, harían aportaciones mensuales.
El Fondo beneficia más a las familias de menor renta, en las que el peso del gasto en electricidad tiene un peso mayor, lo que, según el Ministerio, beneficiará más a los hogares con menos ingresos y expuestos a la pobreza energética, gracias a la reducción del 13 % de la factura para los consumidores domésticos en cinco años.