Lima, 14 jun (.).- Los principales gremios empresariales peruanos alertaron este viernes de que un proyecto de ley aprobado en primera votación por el Congreso "pone en mayor riesgo la seguridad ciudadana" y favorece al crimen organizado, al cambiar artículos del Código Penal.
"Los gremios empresariales y sindicatos de trabajadores del país rechazamos el proyecto de ley, aprobado en primera votación por el Congreso de la República, que propone modificaciones en los artículos del Código Penal y otras normas que luchan contra el crimen organizado, debido a que se pone en mayor riesgo la seguridad ciudadana del país", indicaron en un comunicado.
Quienes firman el comunicado son la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la Asociación de Exportadores (Adex), la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep),la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (Agap) y la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco).
Y también cuenta con la firma de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (Ftccp).
El proyecto al que se refieren es el propuesto por el parlamentario marxista Waldemar Cerrón, que fue aprobado en primera instancia por el pleno con 43 votos a favor, 20 en contra y 49 abstenciones el 30 de mayo.
Este propone cambios al Código Penal y a varias leyes, como una nueva definición de "organización criminal", que a partir de ahora, para considerarse como tal, debe contar con "una estructura compleja" y con "una mayor capacidad operativa", sin especificar respecto a qué, y pone condiciones a los allanamientos.
"Es grave que se señale como requisito que las organizaciones criminales controlen 'la cadena de valor de un mercado o economía ilegal', con lo cual quedarían fuera quienes comentan delitos de extorsión, secuestro y asalto, que tienen en zozobra a la población", añadió el pronunciamiento.
También cuestionan la modificación que considera como organización criminal "solo a quienes cometen delitos con penas que superan los 6 años de prisión efectiva, dejando fuera a organizaciones involucradas con actos de corrupción".
"Asimismo, estamos en total desacuerdo con que los allanamientos deban darse con la presencia del investigado y su abogado, lo que implica perder el factor sorpresa de estas intervenciones e incluso facilitaría el eventual ocultamiento de pruebas de los casos", reza el comunicado.
Por último, los gremios hacen un llamado al Congreso para que considere estas observaciones en la segunda votación del referido proyecto.
Y también esperan que el Ejecutivo, el Ministerio Público y el Poder Judicial "sienten su posición" sobre estas modificaciones, puesto que si el referido proyecto prospera, hará que los peruanos estén "más expuestos ante extorsionadores, asaltantes y secuestradores.
Tras la votación, algunos congresistas se mostraron en contra al afirmar que estas modificaciones podrían perjudicar las investigaciones en curso y beneficiar a redes criminales como el Tren de Aragua y las vinculadas a la tala ilegal y la trata de personas.